Para Fabre, “Miñones (abogado del municipio desde hace muchos años) no puede desconocer que este proceso licitatorio se basa en un convenio de préstamo suscripto entre la provincia y Unidad Ejecutora Provincial que, en su momento, concretó el ministro Ricardo Irigoyen (tiempos del gobierno de Sergio Montiel) y la municipalidad de Chajarí cuando era intendente Daniel Pedro Tissoco (UCR) por un monto de 900 mil dólares destinado a financiar la obra de pavimentación”. Este convenio, agregó, se firmó el 27 de marzo del año 2000.
“…y digo que actúa con desconocimiento total y absoluto de lo que es el instructivo del programa de municipios (el cual está suscripto vía provincia, por el municipio de Chajarí), que rige bajo la reglamentación del Banco Interamericano de Desarrollo”.
Fabre acusó además a Miñones de haber asesorado mal al Intendente García, “para que emita un decreto aceptando pero a su vez rechazando este proceso licitatorio, entendiendo él que hay sobreprecio, cuando en verdad, el abogado no puede desconocer que, a tales efectos, había una comisión, cumpliendo con lo que establece el reglamento operativo del banco BID, integrado por el municipio y por la UEP los que no fueron convocados para resolver sobre este tema”.
Por lo que, agregó Fabre, “al recibir ese decreto, notifiqué formalmente al Intendente García que ese decreto no tenía validez a los fines de lo que estamos tratando porque no encuadra con la vía legal administrativa y jurídica del programa “(PRODISM)” por el cual el Intendente Tissocco firmó un pedido de préstamo”.
Para finalizar, Fabre aseguró que, “para el caso que esta obra no se ejecute (ya notifiqué de esto al Intendente García), la nación va a efectuar un descuento a los fondos de coparticipación provincial por el monto de $ 1 millón (que es el crédito que tomó el municipio de Chajarí para efectuar esta obra) y la provincia se lo va a tener que descontar al municipio de Chajarí”. El titular de la UEP remató diciendo “que me explique a mí, el asesor letrado y los concejales de la UCR que aprobaron esta ordenanza en el año 2000 durante la gestión Tissocco, como hace hoy el Intendente García para hacer frente al desembolso de $ 1 millón”.
