Fabre aseguró que Rotman y Prince fueron parte de un gobierno que “descuidó totalmente la salud de los más necesitados, que tenía los hospitales públicos desvastados, los empleados cobraban cada tres meses en bonos federales, muchas veces tenían que llevar las jeringas y las gasas para los pacientes; y que por razones políticas infundadas tuvieron cerrados los hospitales Masvernat, de Concordia y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay», enfatizó el funcionario.
En cuanto a los procedimientos realizados para la compra de equipamiento, objetados por los organismos de control de Estado debido a presuntas irregularidades, Fabre que el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “no asumió funciones operativas ni ejecutivas en la gestión de los recursos”.
Sobre este punto, el titular de la UEP aclaró que existían dos opciones para desarrollar el proyecto. Una que ejecutaba directamente el Programa, y la otra -por la cual se inclinaron los ex funcionarios- que establecía que la Provincia en forma autónoma convocaba a las licitaciones y adjudicaba las compras. “Es decir, todos los procedimientos administrativos fueron llevados adelante por cuenta y acción de los ex funcionarios, hoy denunciados penalmente ante la Justicia”, detalló.
Fabre también desmintió que la obra civil llegué a un 80 % de avance. “La realidad es que no alcanza ni a un 30 %”, aseguró. La actual gestión, según el titular de la UEP, tuvo la intención de retomar el proyecto. Luego de una visita a Federal, los técnicos del ANMAT hicieron una serie de observaciones. “La fábrica estaba a años luz de poder alcanzar la habilitación de este organismo, que no sólo tiene en cuenta la parte de infraestructura del edificio, sino que además considera otros aspectos. Este proyecto no preveía recursos humanos, ni los controles de calidad, entre otras condiciones, que son requisitos mínimos para encarar un proyecto de esta envergadura”, explicó Fabre.
El funcionario rebatió las afirmaciones consistentes en que el emprendimiento hubiese creado un “polo” de desarrollo en la ciudad norteña. “En realidad, no hubiera creado más de cinco fuentes de trabajo local, ya la puesta en marcha de un emprendimiento de estas características requiere de profesionales altamente capacitados, que incluso se deberían buscar fuera de la provincia”, añadió.
Por último, Fabre desmintió que la puesta en marcha de la planta hubiese insumido $ 2.000.000. Afirmó que existen documentos firmados por el ex coordinador de la UEP, Carlos Aranguren, “donde comprometían U$S 7.000.000 para el desarrollo de este proyecto, en medio de una contexto de descalabro económico y financiero que atravesaba la Provincia, y que nadie olvida”.
