El abogado Rafael Briceño, que representa a los acusados Gustavo Villagra y Carlos Schmunk, explicó a DIARIO JUNIO que los efectivos “están acusados de una serie de delitos, como malversación de caudales públicos, tentativa de extorsión y otros delitos menores” y reconoció que la causa “es compleja, porque se trata de una causa con varios imputados a los cuales no se les sindica los mismos delitos”, subrayando que “no es la misma la situación la del jefe y del subjefe, con la del oficial y el suboficial”.
Por su parte, el cabo Mario Segovia es defendido por el Dr. Arturo Mc Loughlin y el defensor de Ruffiner es el ex Fiscal de Estado de la provincia, Jorge Romero.
Las audiencias testimoniales se extenderán al menos hasta el martes de la semana que viene, luego vendrán los alegatos y partir de allí el tribunal contará con 5 días para dictar sentencia.
Una de las pruebas mas publicitadas en su momento es una cinta de video aportada por uno de los denunciantes. El propio Briceño aceptó que existe una “filmación casera que uno de los denunciantes aportó, como pruebas tendiente a acreditar que el auto de él estuvo en frente de la división Toxicología, en cercanías de la comisaría 2º de Concordia”.
Tiempos violentos
El procesamiento de estos policías, a cargo del Juez de Instrucción Martín Carbonell, generó en su momento toda una serie de desconfianzas entre el poder judicial y la propia policía.
El letrado tuvo que ser respaldado públicamente por otros jueces, y desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios se pidió una reunión con el presidente del Supremo Tribunal y luego una audiencia con el entonces ministro de Gobierno de Montiel, Fermín Garay.
Como se destacara entonces, el procesamiento de un policía es notificado por el juez a la Jefatura Departamental. En este caso debió informarla directamente a un superior provincial, debido a que los alcanzados por la medida eran precisamente los máximos responsables de la Policía Departamental.
