El martes pasado la propia Pando, a la sazón titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina que niega el robo sistemático de bebés y cuestiona la existencia de los 30 mil desaparecidos, se jactó de haber conseguido trabajo como docente de alumnos de 12 años. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter: “Feliz de volver al aula”, escribió y luego agregó: “Yo voy a enseñar, no voy al colegio a hacer política, no mezclo las cosas!!! Trabajo con chicos, no los adoctrino como hacen otras organizaciones!!!”. La catarata de críticas no se hizo esperar. Muchos usuarios de la red social se preguntaron qué contenidos podría dar la apologista del terrorismo de Estado y otros vincularon su contratación a las últimas decisiones oficiales en contra del proceso de memoria, verdad y justicia que nace desde el gobierno y que se expresa en el pedido de otorgamiento de prisión domiciliaria para varios genocidas, entre los que se encuentra Alfredo Astiz.
Pando replicó las críticas: “Ya los intolerantes de siempre están difundiendo que la ‘defensora de los genocidas’ como ellos me llaman está trabajando, como si no tuviera derecho a trabajar por pensar distinto”, tuiteó. Pero no tuvo éxito porque también se sumaron los padres y las madres de alumnos del colegio lo que determinó que las autoridades del colegio confesional la despidieran. Cuando se supo de su desvinculación, desde la cuenta de la filial santafecina de Bandera Vecinal, el partido del filonazi Alejandro Biondini, le mandaron “un fuerte abrazo solidario” y le desearon “que pronto esta injusticia sea solucionada”.
El principal repudio llegó desde la Ctera donde su secretaria general, Sonia Aleso y el secretario de derechos humanos, Rogelio De Leonardi, recordaron a través de un documento que “entre otros hechos lamentables, Pando fue encontrada culpable por la justicia por dañar símbolos de la memoria, cuando manchó con pintura los pañuelos blancos pintados alrededor de la Pirámide de Mayo” y resaltó que su prontuario “amenaza con vulnerar los derechos de las/os pibas/es a una educación respetuosa de los Derechos Humanos, tal como lo dicta la Ley de Educación Nacional”.
En tanto, el Ministerio de Educación de la Ciudad se desligó de la designación y aclaró que el Gobierno no tiene injerencia en los nombramientos de docentes de las instituciones privadas.
