-in dubio pro natura según el cual «en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos»
– in dubio pro aqua, en razón del cual “las controversias ambientales y de agua deben ser resueltas en los tribunales, y las leyes ser interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos”
El caso fue muy resonante porque la CSJN falló en contra de lo resuelto por STJER y fue un papelón para el máximo tribunal de alzada de la provincia que tuvo que dar marcha atrás con lo que había resuelto, habilitando la ilegal construcción. La CSJN resaltó que la decisión del máximo tribunal entrerriano no atendía las irregularidades del procedimiento de autorización para avanzar con las obras y los daños ambientales derivados de ello que serían difíciles o imposibles de recomponer, todo previo a la aprobación legal de los estudios de impacto ambiental
En el fallo de la Suprema Corte se ordena la inmediata restitución a los valores previos a la destrucción del humedal afectado. Sentencia que no ha sido cumplida hasta el presente ni tampoco las autoridades provinciales, ni las municipales, lo han exigido. Recordamos que el intendente de Pueblo Belgrano en cuyo ejido esta la ilegal construcción, Mauricio Davico, ha sido reiteradamente denunciado por ambientalistas de esa localidad por su manifiesta complacencia con los responsables de esa ilegal obra.
El medio R2820 de Gualeguaychú tomó contacto con la nueva secretaria de ambiente de la provincia, Daniela García, quien manifestó: “se debe acompañar la decisión de la Justicia, habrá que conversar con los emprendedores para que cumplan con la orden judicial y recompongan este humedal en el que intervinieron sin su debida autorización”.
Reconoció que “no se han reconvertido las obras. Antes de hacer las obras deberían haber esperado las autorizaciones pertinentes porque luego de hechas es más difícil que se recomponga lo afectado. La Secretaria debe acompañar para que se cumpla esta medida judicial por la empresa Amarras porque aún no lo han hecho”, dijo García.
Así dejó en claro el incumplimiento de los inversores tras casi dos años del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que ordenó “desmantelar y recomponer” el daño ambiental causado por el emprendimiento. Esa resolución de octubre de 2019 debía efectuarse en 6 meses como máximo, sin embargo, no se concretó ninguna remediación sobre los terrenos adyacentes al río Gualeguaychú.
En ese sentido, la nueva secretaria de Ambiente explicó que “existen mecanismos judiciales para accionar a fin que la empresa cumpla el fallo”.
La clara posición de la nueva funcionaria respecto de este tema, muy sensible para esa ciudad, ha despertado expectativas en sus pobladores, que están esperando el cumplimiento efectivo e inmediato de la sentencia
