La exministra de Transporte de Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa, María Duarte, pidió asilo político en la Argentina, luego de que en su país le negaran un salvoconducto. La exfuncionaria está refugiada junto a su hijo de 11 años en la embajada argentina en Quito desde agosto del 2020 bajo el estatus de huésped por razones humanitarias.
Duarte había sido condenada a ocho años de prisión en la causa denominada “Sobornos 2012-2016”, en la que el propio Correa y otros seis miembros de su partido político, Revolución Ciudadana (RC) también fueron sentenciados. Ahora, la exfuncionaria denunció ser víctima de una persecusión judicial por parte de la derecha ecuatoriana.
“El lawfare en Ecuador ha sido el más salvaje de toda la región”, sostuvo Duarte en diálogo con AM750, donde además contó que la Justicia de su país inventó causas y mentiras para poder evitar que Correa fuera candidato a presidente. “Arruinaron la vida de miles de personas con semejantes patrañas. Un compañero murió denunciado injustamente”, expresó.
Luego, la extitular de Transporte en Ecuador contó que, al igual que en Argentina, en su país también se armó una causa con cuadernos. “Los cuadernos son un libreto del lawfare en América Latina”, manifestó.
Ante esta situación, Duarte destacó la “entereza y la amabilidad” del gobierno argentino para recibirla en la Embajada pero pidió una pronta resolución a su pedido para ser declarada como asilada política. “Necesito que el Gobierno argentino me declare como asilada política. Con mi hijo de 11 años estamos privados de la libertad con un patrullero en la puerta todo el tiempo”, comentó.
Proscribir al correísmo
En abril de este año se conocieron las sentencias por el caso “Sobornos 2012-2016”. Allí se investigaron actos de corrupción y financiamiento ilegal en la campaña del entonces partido del correísmo, Alianza PAíS. Según la justicia ecuatoriana varias multinacionales, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, aportaron dinero al correísmo a cambio de obras públicas.
Junto con Duarte y el exmandatario también fue condenado el exvicepresidente Jorge Glass, quien salió de prisión en las últimas semanas. Para Fausto Jarrín, abogado que representa a más de 20 miembros de RC, se trata de un claro proceso de lawfare con un objetivo final: la proscripción del correísmo.
