Hay que recordar que Puerto Concordia S.A. resultó, mediante adjudicación directa, nuevamente concesionaria de la explotación del área del Puerto en el año 2004. La empresa asumió el compromiso de fabricar embarcaciones, contratar personal (80 % mano de obra local), contratar seguros y abonar un canon mensual a favor del municipio. En éste último caso, se estipuló una cifra de 500 litros mensuales de nafta super, a partir del 6º mes hasta el 2º año, donde se aumentó a 800 litros.
“Por las versiones extraoficiales, ésta empresa no está dando cumplimiento a nada de esto”, dijo Larocca. Entre otras cuestiones, señaló que no tiene personal en relación de dependencia. “Esto significa que uno de los objetivos por los cuales parte de los concejales apoyaron esta concesión, que yo no apoyé, era por la finalidad de dar trabajo a mano de obra local”, indicó. Luego acotó que, de existir trabajadores en la empresa, están por fuera de la legislación laboral. El edil también añadió que Puerto Concordia no tiene seguro ni abona el canon estipulado.
“Creo, ahora que se van a cumplir dos años de la concesión, que si los incumplimientos están corroborados, el Ejecutivo tiene que efectuar la corroboración y deberá rescindir este contrato”, expresó.
Puerto Concordia administra el puerto de manera interrumpida desde la gestión de Jorge Busti (91-95). El único período en el que no pudo utilizar la infraestructura portuaria fue durante la administración de Hernán Orduna, cuando fue promovido y ganado un juicio de desalojo y se constataron varias irregularidades. Pero Cresto, a poco de retomar la intendencia por segunda vez, volvió a dejar los galpones portuarios en manos de la empresa.
Residencia estudiantil
Larocca expresó que el Ejecutivo nunca aclaró quienes son los beneficiarios de la residencia. “En su momento, se hizo un pedido de informes que tampoco fue contestado”, expresó. El edil aseguró que coincide con el objetivo, darles una oportunidad de estudiar fuera de la ciudad a quienes carecen de recursos los medios para solventar sus gastos.
“El problema es que no está claro quienes son los beneficiarios, ni como se puede acceder a la residencia”, precisó. Tampoco se sabe si los alumnos cumplen con el requisito de permanecer un solo año en el albergue. “No en forma sucesiva, a fines de darles lugar a otros estudiantes”, expresó.
Otro aspecto que no fue dilucidado en la sesión es que se trata de un inmueble de pequeñas dimensiones. “En principio, tendría solamente dos habitaciones”. En cambio, en el recinto, el concejal Martín Santana (PJ) argumentó que la vivienda tiene varias habitaciones. “Pero la letra del contrato es la que determina cuales son las características del inmueble”, sostuvo.
El debate en la mañana de hoy se debe a que el contrato de alquiler se encontraba vencido. “Fue renovado, según Santana, pero había dos meses que quedaron en el aire, impagos, por lo que se requería que el Concejo autorice los pagos”, expresó. No obstante, el debate no arrojó luz sobre los interrogantes planteados. “Lamentablemente, seguimos en la misma situación”, expresó Larocca.
