Según la acusación fiscal, el 27 de diciembre de 2000 Miranda y Thamm abrieron una caja de seguridad bancaria del HSBC de Paraná, en la que el 23 de mayo de 2001 depositaron 200.000 dólares que compraron con 200.400 pesos que habían obtenido de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para llevar adelante un emprendimiento termal en la ciudad.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia estableció a través de una auditoría que los acusados sustrajeron 142.400 pesos producto de las maniobras de reemplazo de pesos por dólares.
La investigación corroboró que al 31 de diciembre de 2001 había en la caja 170.200 dólares guardados, ya que 29.800 dólares habían sido utilizados para pagarle a una empresa brasileña la perforación termal.
No obstante, el 20 de junio de 2002 el arqueo final de la caja realizado por expertos del Tribunal de Cuentas de la provincia determinó que había 99.000 dólares y no 170.200. La diferencia estaba en pesos. La fiscalía presume que hubo una maniobra de reemplazo de pesos por dólares en el momento en que el peso se devaluó y mientras el dinero estaba guardado en el HSBC, según consigna Uno.
Una década después de que supuestamente se apoderan de dinero público dos funcionarios de la ciudad de Villaguay son juzgados en Entre Ríos. Los 10 años entre denuncia y juicio parece haberse convertido en una regla en la provincia, cada vez que hay un funcionario público investigado. Ahora le tocó el turno a un ex intendente radical y a su secretario de Gobierno, que supuestamente se aprovecharon de la última crisis política, económica y social que vivió la Argentina y en especial la entrerriana, con el bono federal como billete, para sacar rédito de la devaluación.
El debate oral y público contra Miranda y Thamm continuará en la mañana de hoy, según lo dispuesto por el tribunal integrado por los camaristas Raúl Herzovich, Marcela Badano y Marcela Alejandra Davite de Acuña.
La investigación de instrucción estuvo a cargo del juzgado Nº 1 a cargo de Patricia Yedro.
En el requerimiento de elevación a juicio el fiscal, Leandro Ríos, hace hincapié en varias oportunidades a que “los imputados se desviaron de los mecanismos de contralor”.
En la instrucción el fiscal entendió que “en una hipótesis de mínima se encuentra acreditado la sustracción de los caudales públicos individualizados del circuito ordinario de la contabilidad pública de la Municipalidad de Villaguay, depositándose dicho importe en una entidad privada, despojando de ese modo del contralor de los órganos normales y reglamentarios
Los fondos
La decisión de utilizar la caja de seguridad, según los imputados fue para evitar que el monto de los ATN fuera embargado por acreedores del municipio a raíz del histórico juicio por obras de pavimento que la comuna perdió con una empresa, luego de un litigio de más de 25 años.
La autorización para la apertura de la caja de seguridad en Paraná fue dada por ordenanza 734/00 del Concejo de Deliberante de Villaguay.
