La causa se inició por una denuncia del actual intendente de Los Charrúas, el vecinalista Ariel Panozzo Zenere, quien puso de manifiesto que en el municipio figuraban como concluidas dos obras que no había sido terminadas pero ya se había pagado el 100 % de las mismas. Se trataba de una obra de cordón cuneta y de red de cloacas. Panozzo Zénere estuvo presente en la audiencia y ratificó el acuerdo.
“Se inició la investigación, se produjo toda la evidencia, se envió la causa a juicio y el debate estaba fijado para agosto”, dijo Arias, Pero antes de llegar al juicio oral, Chaparro acordó un juicio abreviado donde asumió la culpabilidad del caso. “El juicio abreviado lo que significa es la confesión lisa y llana del imputado”, explicó Arias.
Esta mañana, la vocal de la Sala Penal, Carolina López Bernis, le preguntó si cometió el hecho que le endilga la fiscalía y Chaparro, quien fue asistido legalmente por el abogado Juan José Bukténica, dijo que sí. En consecuencia, cuando se publique la sentencia, Chaparro recibirá una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetúa para ejercer cargos públicos, una multa de $ 90.000 y el cumplimiento de reglas de conducta como trabajos comunitarios además de no formar parte de asociación o fundacional gubernamental o no gubernamental.
Respecto del resto de los imputados, Arias explicó que la decisión de ir o no a juicio abreviado dependerá de lo que evalúen la defensa de cada uno. En caso negativo, deberán afrontar el juicio oral previsto para el mes de agosto próximo. Arias recordó lo sucedido con el ex intendente de Puerto Yerúa, Fabián Cevey, imputado y luego condenado a tres años en forma condicional en un juicio abreviado por peculado y defraudación debido a la venta de terrenos fiscales del municipio a pecio vil. En ese caso, paradójicamente, había varios imputados que fueron a juicio oral. Uno de ellos fue Larrocca, también imputado en esta causa, quien recibió una pena de cinco años de cumplimiento efectivo,
Una de las obras por las que se llevó a cabo el juicio, valuada en ese momento en $ 1.200.000, consistía en la ejecución de 1.875 metros lineales de cloacas, 14 bocas de registro y alrededor de 300 conexiones domiciliarias. Por esa obra se firmó el certificado de finalización y fue formalmente aceptada por Chaparro y por el funcionario responsable de inspeccionarla, aunque tal como se comprobó en la investigación, quedaron sin ejecutar la mitad de los trabajos.
La otra obra adjudicada que motivó la denuncia en marzo de 2017 preveía la construcción de 1.576 metros de cordón cuneta, más algunos badenes, valuado todo en $ 1.400.000. También se realizaron la mitad de los trabajos, aunque en los certificados de obra aparece como totalmente concluida.
