La investigación comenzó el 3 de septiembre de 2009, a raíz de una denuncia radicada por el secretario de Salud municipal, Dr. Mario Imaz, por el supuesto robo de acondicionadores de aire, estufas y demás elementos que habían sido comprados para varios centros de salud municipales con dinero del Plan Nacer y no estaban en ningún edificio municipal.
La denuncia fue radicada en la Policía y también en la Fiscalía, tras lo que se inició una investigación en los siete centros de salud que habían recibido elementos y equipos con dinero del Plan Nacer en lo últimos meses.
Fue entonces cuando de las inspecciones y testimoniales del personal que trabajaba en cada uno de los centros, se comprobó que dichos elementos no habían llegado nunca ninguno de los centros asistenciales, pese a que en las ordenes de la coordinación del Plan Nacer, que dirigía Marisa Evangelina Moix, figuraban las firmas de los encargados de cada uno de los centros, al pié de la leyenda “recibió”.
Tras las pericias caligráficas, el Fiscal Mario Guerrero, que investigó la causa, pudo probar que las firmas estaban falsificadas y que además, el tipo de caligrafía tenía muchos puntos de coincidencia con la escritura manuscrita de la coordinadora local del Plan Nacer, que era además jefa del área de compras de la Subsecretaría de Salud Municipal.
De los siete centros de salud que se investigaron, se pudo probar delito solo en tres; Villa Zorraquín, San Pantaleón y Capricornio, ya que en estos casos, la falsificación de las firmas era más notoria, y conforme al funcionamiento del nuevo sistema procesal penal, ello fue suficiente para la Fiscalía, a los efectos de probar el delito y lograr una condena.
No obstante, de acuerdo con los relevamientos del Municipio, y los testimonios del personal, son más los hechos de malversación, y por ende mayor el monto de la defraudación, ahora será tarea de la Municipalidad iniciar un nuevo juicio, y lograr que la condenada devuelva al Estado, el dinero mal habido.
Cabe destacar, que el Plan Nacer es un plan nacional, que hace las veces de obra social para el niño y la mujer embarazada, y que le abona a cada centro asistencial, los aranceles establecidos conforme el precio del mercado, por los servicios que prestan gratuitamente a los pacientes que están registrados en ese plan. Con este dinero, los administradores locales deben comprar elementos necesarios para atender mejor a la gente.
Los perjudicados directos de esta defraudación, no fueron otros que los pacientes de los centros de salud, que no pudieron aprovechar en invierno las estufas, ni los acondicionadores de aire en verano, cuando el Estado ya había pagado por ellos.
Pero peor aún, es que con ese dinero podrían haberse comprado más medicamentos, más aparatología sanitaria, pudieron haberse hecho nuevas salas de atención primaria, o mejorar las salas de espera de los centros barriales.
Sin ir más lejos ese mismo año, empleados de la Asistencia pública hacía medidas de fuerza por falta de insumos; insumos que pudieron haberse comprado con ese dinero.
