Acompañados por funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del país vecino, que tiene a su cargo la responsabilidad de los controles, los científicos argentinos Guillermo Lyons y Juan Carlos Colombo y sus pares uruguayos Eugenio Lorenzo y Alberto Nieto llegaron a la planta instalada en Fray Bentos poco antes del mediodía. También formaba parte de la comitiva Eugenio Lorenzo, ex presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), quien ante los requerimientos de la prensa se limitó a indicar: “No estamos empezando nada. Estamos haciendo una actividad preparatoria.”
En la misma línea se pronunció el presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silberman, quien señaló que “se está en la etapa de preparación del monitoreo, ajustando procedimientos específicos y atendiendo las necesidades de infraestructura del comité científico”, a la vez que indicó que los datos que surjan “serán divulgados cuando la CARU lo entienda oportuno”.
El pasado 2 de agosto los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro establecieron que el comité científico binacional tendrá 60 días para definir el proyecto concreto del monitoreo y otros 150 días para conformar un plan integral del Río Uruguay. Además, los controles en la pastera y en la desembocadura del Río Gualeguaychú se iniciarán de forma simultánea.
El acuerdo suscrito por los gobiernos de ambos países establece que el comité podrá ingresar a la pastera hasta 12 veces al año acompañado de autoridades uruguayas para tomar muestras de los vertidos, que analizarán luego de forma independiente.
En tanto, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú se reunía anoche al cierre de esta edición con el objetivo de definir de qué manera continúan la lucha. Es que, si bien los gobiernos argentino y uruguayo dieron por cerrado el largo conflicto por la instalación inconsulta de la pastera tras el acuerdo alcanzado, los ambientalistas rechazan esa postura y se manifestaron disconformes con los términos del monitoreo. Para ellos, la única solución al conflicto es el desmantelamiento y la relocalización de la planta.
Los asambleístas mantuvieron cortado durante más de tres años y medio el paso en la Ruta 136, impiendo la circulación sobre el Puente Internacional General San Martín. Tras ofrecer 60 días de tregua, para que ambos gobiernos pudieran negociar sin presiones, resolvieron retomaron lucha contra la pastera.
Fuente: Tiempo Argentino
