El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Carlos Hurtado expresó que Abarca “tenía una serie de elementos en paralelo, armados, y esos no estaban dados de alta en el registro nacional. Creo que ahí es de donde vino todo el problema”.
Hurtado destacó que a propósito de los 150 policías municipales de Iguala, funcionaba paralelamente un centenar de efectivos policiales. "Tenía, aparte de la gente que sí estaba en el Registro Nacional Policial, con exámenes de confianza aprobados, otro personal aparte que lo había separado de la corporación. No tengo la cifra exacta, pero eran entre 90 y 100 elementos", dijo Hurtado. Lo expresado por el jefe de la seguridad pública, podría interpretarse como una estrategia del gobierno de Peña Nieto por deslindar responsabilidades estatales en las políticas represivas y sistemáticas contra los movimientos populares mexicanos.
La ONU también se ha pronunciado en el mismo sentido al señalar que "Los muchachos de la Normal Rural fueron atacados, capturados por servidores públicos, y esa diferenciación es fundamental para determinar no solo la responsabilidad estatal, sino el tipo de acción y esfuerzo en la búsqueda que hay que emprender", denunció Javier Hernández Valencia, el representante del Alto Comisionado de la ONU en México.
En los dos años que Abarca ocupó el cargo de máxima autoridad en la alcaldía, recibió unos 20 millones de pesos (unos 1,4 millones de dólares) de un fondo especial del gobierno federal para mejorar los cuerpos de policía.
