La Convención Constituyente revisó, modificó y aprobó en conferencia, el artículo 17 relativo a la obligación de los funcionarios a vindicarse; ratificó hoy los seis dictámenes que trajo al pleno la comisión de Redacción; dio ingreso a 177 proyectos; y giró a Iniciativa Popular 65 iniciativas. Sobre tablas se aprobó el dictamen de la Comisión de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Régimen Electoral por el que se suprime la facultad del gobernador de ordenar arrestos, establecida en el inciso 22 del artículo 135 de la Constitución provincial.
El inciso 22 dice: “Ordenar arrestos o detenciones con las limitaciones del artículo 24”. Para el presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, Miguel Carlín y titular de la Comisión que logró el despacho, ese concepto “es segregable porque otros artículos le dan al Ejecutivo esta facultad y tanto más porque su supresión se torna altamente saludable en un régimen democrático como el que vivimos”.
En conferencia y sobre el artículo 17
Con 42 votos, y en orden alfabético, los convencionales aprobaron modificar el artículo 17, constituirse en conferencia, con versión taquigráfica y con unidad de debate.
Para llegar a un nuevo texto, hubo cuatro propuestas.
Luis Brasesco (UCR) pidió conservar el texto del 33; Hermo Pesutto (VER) que se sostenga el ya aprobado, y las de Marciano Martínez y augusto alasino (VER) para volverlo a comisión. Y finalmente por 30 votos contra 14 se aprobó el nuevo texto que será considerado como primero.
POLEMICO
Cabe recordar que el artículo 17, que obliga a los funcionarios a vindicarse, fue objetado por algunos sectores de la prensa y tratado personalmente por el presidente de la Convención, Jorge Busti, con el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, Carlos Gamond, a quien se le garantizó y confirmó la intención de los convencionales de evitar suspicacias e interpretaciones equivocadas. Uno de los temas centrales es que, envalentonados por la gratuidad, muchos funcionarios sospechados, se disponían a amedrentar periodistas para impedir investigaciones que pudieran complicarlos.
COMO QUEDARÍA REDACTADO
El nuevo dictamen dirá: “El funcionario o empleado público a quien se impute delito cometido en el desempeño de sus funciones, está obligado a acusar para vindicarle, bajo pena de destitución. La ley reglamentará el proceso respectivo” Y, al ya sancionado se le suprimirá el derecho a la defensa gratuita; los plazos y, se fija que en los casos que haya sentencia penal firme, la separación definitiva del cargo.
Los dictámenes que sancionó definitivamente el pleno
El pleno ratificó los seis dictámenes que trajo la comisión de Redacción y que se refieren a los despachos ya aprobados por los convencionales en la sesión celebrada la quincena pasada. Esos despachos vuelven a Redacción donde quedan en reserva hasta que se concluya la labor y se ordene el texto final de la nueva Constitución.
Los dictámenes que revalidó el pleno están referidos al veto total o parcial de las leyes cuyo orden fue invertido en el tercer párrafo; las causales para el enjuiciamiento político, donde se perfeccionó el texto eliminando la palabra “el cargo” del primer párrafo; el ingreso a los empleos públicos provinciales, municipales o de otros organismos, en la que se evitó la reiteración del término “idoneidad”; la posibilidad de conceder amnistías por infracciones establecidas en sus leyes, donde se conservó esa redacción y el dictamen que modifica el artículo 134 de la Constitución vigente y que define que el Gobernador es el Jefe del Estado, que regirá de ese modo en la nueva Constitución.
También quedó aprobado definitivamente, en este segundo paso por el pleno, el despacho que modifica el artículo 22 de la Constitución vigente y que establece que no podrán ser empleados, funcionarios ni legisladores los deudores de la Provincia que, ejecutados legalmente, no hayan pagado sus deudas y, cuya redacción actual tuvo un cambio gramatical pero no de sentido.
A las comisiones
Los casi doscientos proyectos que ingresaron en esta sesión, fueron girados a las distintas comisiones y, en algunos casos, el pleno votó por unanimidad el doble giro, mientras que Iniciativa Popular recibió casi setenta proyectos que se suman a una nutrida cantidad de propuestas de la ciudadanía y entidades de la sociedad.
