Documentos internos de esa cartera estiman que el paquete fiscal de medidas de emergencia dispuesto para el mes de abril se repetirá al menos durante mayo y junio. Una de ellas es el programa para la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que auxilia a las empresas con el pago de parte de la nómina salarial y la eximición parcial y/o diferimiento de las contribuciones patronales. También se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consiste en un pago extraordinario de $ 10.000 a trabajadores no registrados y monotributistas de las categorías más bajas, y los bonos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros planes.
Los papers a los que Tiempo tuvo acceso detallan que “se trata de medidas que tienen una frecuencia, hasta ahora, mensual”. El costo para el Tesoro es estimado en $ 350 mil millones. Sin embargo, el texto aclara: “Es necesario tener en cuenta que este valor es mensual, por lo que, en caso de repetirse estos programas, por tres meses más, se estaría alcanzando un valor cercano a los 1,05 billones de pesos”.
El trabajo está destinado a medir el aporte del Estado en términos del PBI, para poder valorar el tamaño de su intervención en comparación con el de otros países. Así se computa la ayuda extraordinaria correspondiente a abril en un equivalente a 1,2% del producto. Pero en caso de volver a realizar esos desembolsos en mayo y junio, la suma a lo largo del trimestre ascendería al 3,5% del PBI. Además, el conjunto de créditos destinado a empresas y sectores productivos más afectados por la cuarentena es valorado en $ 640 mil millones adicionales o 2,1% del producto.
“En resumen, se estima que entre abril y junio el Estado Argentino habrá destinado cerca de 1,7 billones de pesos en el paquete de medidas para combatir los efectos económicos del coronavirus. Este monto significa cerca de 5,6% del PBI que se estará poniendo a disposición de la población y sectores de la economía afectados por la emergencia”, dice el estudio, dando por descontada la extensión de esos beneficios. Si se incluyen los gastos de seguridad social habituales (jubilaciones, pensiones y otras asignaciones) previstos para el trimestre, considerado como un “piso de protección social público que se mantiene y se refuerza en el contexto de crisis”, la cuenta se estira a 7,7% del PBI.
Fuentes del Palacio de Hacienda destacan que la prioridad es “poner dinero en el bolsillo de la gente como principal política, mientras que otros países se caracterizan por políticas que alcanzan a las empresas por créditos del sistema bancario y/o financiero”. La opción que tomó el gobierno es más costosa pero los funcionarios creen que su efecto para morigerar los efectos económicos de la pandemia será mucho más rápido. Si se descuentan las medidas financieras, el paquete fiscal dispuesto por el gobierno es mayor que el del Reino Unido, Francia, Italia, España o Brasil, en proporción con el PBI de cada uno de esos países.
