El documento comienza señalando que Proyecto Sur Entre Ríos hizo su reunión en la ciudad de Paraná. Se hizo inicialmente un informe sobre lo actuado en la Mesa Nacional Federal el 17 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, concluyendo en un análisis de las circunstancias políticas actuales las que ponen en el escenario las Cinco Causas de nuestro movimiento, base programática de Proyecto Sur, estando en el debate público de la Argentina la crisis energética y la explotación petrolera, la megaminería, el conflicto de Malvinas y la deuda externa, todas banderas indiscutidas desde el nacimiento de nuestra fuerza política en 2007.
Siguen señalando que “en cuanto a la situación provincial hubo plena coincidencia en que todos los indicios muestran que nuestra provincia ha entrado en una situación económica-financiera de gravedad que se traduce en el creciente endeudamiento para afrontar gastos corrientes, el atraso en los pagos, la situación salarial, los atrasos en los pagos de los aportes a la obra social provincial y la disminución de los aportes a los municipios por conceptos de coparticipación”.
En cuanto al apoyo a los sectores más pudientes de la provincia y a su negativa a pagar el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, acordado por ellos mismos (Mesa de Enlace con el gobierno) cuyo atraso era más que elocuente, el partido Proyecto Sur vuelve a sus andadas y aunque ahora un poco más tibiamente, señalan que, “evaluado el aumento considerable del Impuesto Inmobiliario Provincial Rural, Proyecto Sur Entre Ríos resolvió mantener reuniones con todos los sectores afectados por esta medida a efectos de interiorizarse de los alcances de la misma. En principio sostenemos una política impositiva con fin social, la que debe diferenciar a los productores de acuerdo al tipo de explotación y a la dimensión de sus establecimientos, privilegiando a quienes se dedican a producciones alternativas al monocultivo sojero, apoyando la diversidad productiva en pos de la soberanía alimentaria”.
En el mismo documento en el que apoyan esta negativa a pagar más, apuntan contra los gremios de los docentes AGMER (cuya conducción provincial, a la que apoyaban perdió por amplio margen las recientes elecciones) y los estatales nucleados en ATE.
A ellos los descalifican al decir “ATE y AGMER fueron complacientes con la postura del gobierno aceptando propuestas salariales sin mayores resistencias y adjudicándose como logro el anticipo de $ 3.000 a los trabajadores estatales, cuando en realidad permite diferir aún más el pago de los sueldos ya que el pago de esta primera parte del sueldo finalizará el 12 de abril y a partir del 14 comenzará a efectivizarse el pago de la segunda parte del sueldo para finalizar probablemente el 20. Ya en el mes de marzo había tomado un crédito de $ 100 millones para pagar los sueldos, crédito que financiarán los trabajadores a un interés usurario ya que a la provincia le costará $ 10 millones. Este mes lo volverán a financiar con la demora y fragmentación en el pago, sentando precedentes para que justifiquen acciones del mismo tipo en los meses siguientes”.
En uno de sus más destacados párrafos defiende la normalización de la UADER (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS) sobre esto dice “surge a las claras la demora premeditada para su definitiva normalización. Antes de finalizar su primer mandato este gobierno inició una ofensiva para detener el proceso de normalización de la UADER, desplazando en primera instancia a la Rectora Graciela Mingo para reemplazarla por personajes adictos que dificulten este crucial paso de la Universidad. A cuatro meses de estos primeros acontecimientos la UADER ha entrado en un proceso de judicialización impulsado desde el gobierno y ejecutado por los interventores designados. Desde Proyecto Sur Entre Ríos reclamamos se respete la voluntad de la comunidad universitaria, estando ya elegidos los consejeros de los distintos claustros, los que deben ser los responsables de elegir las primeras autoridades autónomas de este establecimiento educativo”.
