Después de meses de la implantación nos sorprende que las autoridades del Gobierno Nacional no hayan advertido que esta nueva exigencia, no sólo nos hace recordar el accionar de la anterior gestión, cuando la AFIP era un instrumento de persecución, sino que además es prácticamente imposible dar cumplimiento para la mayoría de pequeños y medianos productores agrícolas.
La mezcla de exigencias de temas de la propiedad (escrituras), y de las nuevas tecnologías: longitud y latitud de cada partida, puede ser de muy fácil instrumentación teórica para un burócrata de oficinas centrales en Buenos Aires, pero muy complicado para los contadores y productores del interior profundo de nuestro País.
No dudamos de la voluntad de cambio del Gobierno Nacional y de tener como premisa la simplificación de la gestión de quienes producen bienes y servicios, pero en este caso nos encontramos con un enorme escollo, que no solo alcanza con una nueva prórroga, sino que deberá ser repensado para que pueda ser cumplible.
