El escrito no sólo hace referencia a los títulos a ser pagados el 31 de marzo, sino también al vencimiento del 30 de junio. A su vez, la orden ordenó al banco que ejecute la salida del negocio de custodia de bonos en el país, "proceso que se llevará a cabo en total acuerdo con las leyes u regulaciones vigentes".
Citi especificó que esta área representa un 2% de los ingresos totales de la filial local. "Por su propia naturaleza, no tiene relación significativa con el resto de las actividades bancarias", aseguró, y agregó que espera continuar desempeñándose en el país.
A través de un fallo, el juez neoyorquino Thomas Griesa rechazó un pedido del banco para pagar intereses de bonos emitidos bajo ley argentina a acreedores extranjeros, ampliando así el default del país. El escrito del magistrado hizo hincapié en la cláusula de pari passu e instó al Gobierno a negociar con los holdouts. La decisión tomó al mercado por sorpresa, ya que en otras dos oportunidades había autorizado pagos similares "por única vez".
El fallo fue determinante para el Citi. A través de un escrito firmado por sus abogados, la entidad decidió que la filial argentina comenzará a desarrollar un plan para salir del negocio de custodia de bonos "lo más pronto posible", que implicaría vender partes de esa área o finalizar contratos con algunos clientes. La entidad se encontraba hasta hoy en una encrucijada: si cumplía con el fallo de Griesa, estaría en desacato con las leyes locales.
Y el Gobierno nacional incrementó la presión sobre el Citibank. Para controlar el pago del 31 de marzo, designó como veedor a David Jacoby, vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El nombramiento tiene el objetivo de "realizar un seguimiento diario en la entidad hasta que se efectivice el pago de rentas correspondientes a los Bonos PAR regidos por Ley Argentina pagaderos en dólares", según un comunicado oficial.
No es el primer mensaje que el Gobierno le envía al Citi para que realice este pago. La presidenteCristina Kirchner fue contundente durante un acto desde la localidad santacruceña El Calafate: "Van a tener que pagar y cumplir la ley argentina".
Las palabras de la mandataria siguieron la línea del escrito enviado a la entidad desde el Ministerio de Economía. Con la firma de Federico Thea, secretario legal y administrativo, destacó que de no cumplir con las normas nacionales podría suspender y revocar el registro y autorización para operar dentro del sistema bancario y financiero del país.
