“Creemos que los jueces deben escuchar a la sociedad y no tomar posturas en pos de una minoría. Hay que terminar con ciertos privilegios y ponerle el hombro a la crisis, con mayor razón aquellos que son funcionarios públicos”, aseguraron desde el CAER.
Desde la entidad que nuclea a los abogados matriculados en Entre Ríos, expresaron el rechazo a la realización de la feria de invierno con normalidad, sin escuchar el pedido oficial del CAER y sin considerar que en nuestra provincia estuvieron suspendidos los plazos procesales más de 70 días, lo que generó demoras e inconvenientes en la mayoría de los fueros y también mucho descontento social.
La justicia es un “servicio esencial” y no debe tomarse vacaciones, menos en el marco de la Emergencia Sanitaria. Los poderes judiciales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Tucumán y La Pampa, lo entendieron así y suspendieron la feria de invierno para garantizar un servicio pleno de justicia para toda la sociedad.
Además, la medida va en contramano de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entre los fundamentos por los cuales decidió suspender la feria de invierno destacaron que “Es necesario redoblar los esfuerzos para afrontar las particulares circunstancias de este tiempo”, dice la resolución”.
Los jueces supremos entrerrianos parecieran desconocer la grave situación institucional y económica que atraviesa el país y la provincia como consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19, la que será superada con el esfuerzo de todo cumpliendo cada uno la función que le corresponde en este momento.
La Justicia en Entre Ríos en 2020
Debe expresarse que desde el día 13 de Marzo de 2020, solamente el sistema de justicia ha funcionado 45 días, reduciéndose dicho plazo en ciudades como Colón y Paraná, donde hubo “transmisión del virus por conglomerados”.
No hay fundamento alguno para impedir el ejercicio profesional y garantizar el servicio de justicia, cuando la actividad judicial se realiza con la presentación de escritos electrónicos y las tareas de los jueces, magistrados y personal puede efectuarse de la misma manera.
“Los matriculados somos testigos de las demoras en distintos fueros y sabemos que las 3500 sentencias que aseguran haber dictado, no implica que exista un funcionamiento pleno de la justicia”, aseguran desde el Colegio de Abogados. Cabe destacar que no han existido casos de personas afectadas por COVID19 en el ejercicio de las tareas propias del poder judicial.
Por eso, el Colegio de Abogados de Entre Ríos se declara en estado de alerta y movilización, solicitando a los Colegiados la reproducción del presente y la presentación de todos los escritos que estimen conveniente a la marcha de los procesos en los que son partes durante el período de feria judicial decretada.
