La Secretaría de Agricultura volvió a ser un ministerio en octubre de 2009 cuando en medio del conflicto por las retenciones móviles recuperó el rango que había perdido veintiocho años antes. A principios del siglo pasado el área ostentaba rango ministerial hasta que en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, pasó a ser una secretaría. Esa jerarquía se mantuvo salvo por dos breves interrupciones registradas durante gobiernos militares. La primera tuvo lugar con Alejandro Agustín Lanusse, entre 1971 y 1973, y la más reciente llegó Roberto Viola, en 1981. Ambas dictaduras fueron permeables al lobby de las entidades rurales y el ministerio fue la consagración de ese lugar privilegiado que se les asignó dentro del aparato estatal. De hecho, Viola designó como ministro a Jorge Rubén Aguado, un empresario agropecuario de la Confederación de Asociaciones Rurales de La Pampa y Buenos Aires (Carbap) que años después sería el vicepresidente del Grupo Socma.
Con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, las corporaciones agropecuarias volvieron a exhibir su capacidad de lobby en la política pública. Sin el margen suficiente para designar a Etchevehere, el primero de los elegidos fue Buryaile, un empresario ganadero de Formosa que a lo largo de la disputa gatillada por los cambios en los derechos de exportación se desempeñaba como vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Su desempeño en la cámara patronal lo catapultó primero a la Cámara de Diputados por la UCR y con ese selló llegó al Ministerio de Agroindustria. Desplazado de su cargo tendrá refugio en la embajada argentina ante la UE.
Con los anuncios realizados ayer por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los lineamientos de la política agropecuaria quedaron bajo control directo de un directivo de la Sociedad Rural.
“El campo” fue el destinatario de las primeras medidas del presidente Macri. Apenas asumió eliminó las retenciones al trigo, maíz, girasol, carne, productos de las economías regionales y redujo de 35 a 30 por ciento el gravamen para el complejo oleaginoso. La transferencia de ingresos hacia las principales empresas agroexportadoras al comienzo del nuevo Gobierno se potenció con el salto cambiario habilitado en diciembre de 2015 cuando se eliminaron las regulaciones cambiarias. En ese momento, la Casa Rosada prometió a los sojeros que las retenciones bajarían 5 puntos adicionales los años subsiguientes para llegar al 0 por ciento en 2022. Pero el año pasado dio marcha atrás ante la depresión de los ingresos fiscales por la recesión y anunció que las alícuotas se mantendrían inalteradas durante 2017. Las rebajas se retomarán en enero con Etchevehere como ministro. La quita será de 0,5 puntos porcentuales por mes para descontar 6 puntos porcentuales a finales de 2018. En ese momento la alícuota a la exportación de porotos de soja pasará a 24 por ciento y la que corre para los subproductos llegará a 21 por ciento.
A las presiones sectoriales por rebajas impositivas y el reclamo devaluatorio permanente se suman en la agenda agroindustrial la crisis en Sancor, el abúlico desempeño de las exportaciones, el ingreso de productos agropecuarios importados que llevaban más de una década sin ingresar a las góndolas que profundiza la crisis de las economías regionales y el desmantelamiento de los programas de impulso a los pequeños.
“No deberíamos repetir el error de otras décadas de proteger a sectores menos eficientes”, afirmó a fines de julio durante la inauguración de la 131° exposición Rural de Palermo donde advertía que “tenemos en claro que no podemos volver al pasado”. Etchevehere tiene tres hermanos. Dolores, la única mujer, en 2014 denunció al titular de la Sociedad Rural y sus hermanos por estafa.
