El caso de la banda de estafadores que fuera descubierta el pasado 26 de mayo cuando un comerciante porteño llegó a Concordia para radicar la denuncia de que lo habían embaucado con la compra de dos bicicletas de alta gama, sigue dando que hablar en el mundillo judicial y en la opinión pública.
Primero fue la apelación a la prisión preventiva de Nelson Mariano Ava, el primero de los detenidos imputado por Estafas Reiteradas y Asociación Ilícita, a quien la Fiscalía señala como el jefe de la organización. El comerciante Gastronómico, representado por Oscar Bacigaluppe, apeló la medida de prisión preventiva, y en la audiencia celebrada la semana pasada el tribunal resolvió confirmar de la medida de detención.
Siguiendo con la misma estrategia defensiva, Cortartesi y Delgado, detenidos el 2 de junio pasado (cuando estaban prófugos de la ley, escondidos en sendos hoteles), también interpusieron mediante su defensor Ricardo Salvador el recurso de apelación, y obtuvieron la confirmación de las prisiones preventivas.
Las dos mujeres que según la fiscalía también integrarían la banda, Susana Giménez y Giuliana Trinidad, gozan del beneficio de prisión domiciliaria, por ser madres de niños menores de cinco años, y conforme lo establece la ley, separar a la madre de su hijo constituye la violación de un derecho del niño, por tal motivo para evitar la situación de encierro del menor, es que se concede a la madre el beneficio de la detención domiciliaria.
En cuanto a la causa, trascendió que hay avances tendientes a alcanzar un acuerdo de partes, pero fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía sigue acumulando prueba que incrimina a los detenidos y en los últimos días se habría presentado un testigo espontáneo, que podría ser comprometedor para al menos dos acusados.
