El texto firmado por cincuenta mujeres esposas de agentes policiales que cumplen funciones en distintas dependencias de la fuerza en el departamento Paraná, le responden al cuestionamiento del Gobierno. Al respecto, las mujeres subrayan que “las cuentas por pagar, el dinero que no alcanza al momento de ir al supermercado, la ausencia de nuestros maridos porque salen de estar 24 horas de guardia, sin dormir y mal comidos para hacer 10 u 12 horas de adicional para ganar un peso más para mantener a los suyos, no tiene color político sino tiene color de necesidad”.
Sin hacer trascender sus nombres en forma pública, se identificaron como “50 mujeres apolíticas, sin inclinación peronista ni mucho menos radical como expresó el ministro (de Gobierno, Sergio) Urribarri, comentario tonto, a nuestro pensar”.
“Sabemos del esfuerzo que el Gobierno hizo, pero no nos alcanza. Cuando los docentes amenazan con no comenzar las clases, se le da lo que piden y se le perdonan las culpas. Los policías no pueden hablar, porque quedan sin trabajo, deben aceptar lo que venga y conformarse con muy poco”, señalan, y tras el reclamo salarial también plantean otro punto ya hecho público por los uniformados: la falta de dotación de uniformes. Paradójicamente, señalan, si un agente de la Policía no tiene su indumentaria en regla, “lo sancionan”, y además cuestionan el sistema de ascensos en la fuerza que, aseguran, premia a un “pibito recién ingresado que consigue ascender sin ni siquiera pasar por los temores de un tiroteo en la calle”.
El “malestar” dentro de las filas de la Policía fue atizado por los miembros de la fuerza próximos a jubilarse y se basa particularmente en la severa poda que sufre el ingreso de un retirado: un 49 %, producto de la pérdida de los códigos “en negro” que abultan el salario del personal en actividad. Pero además, se basa en el reclamo de una recomposición para el escalón más bajo, el grado de agente, hoy con un básico de 268,54 pesos, de modo que puedan alcanzar un salario de bolsillo de 1.200 pesos.
El ministro Urribarri argumentó que se trató de una operación que impulsaron “tres o cuatro oficiales y suboficiales que pertenecen o que pertenecían a la fuerza y ocuparon lugares importantes en la gestión anterior, muy cercanos a los funcionarios de Montiel, (que) están trabajando en esto. Pero realmente sin suerte, porque no existe ninguna organización o acción importante de los agentes, suboficiales u oficiales de la Policía que termine en una petición de ese tipo”.
