Pocos temas revisten la calidad de ser a la vez tan públicos y tan privados como el de la violencia doméstica. Al desatarse aislada o cotidianamente ese fenómeno dentro de cuatro paredes y en cada episodio, – en medio de encendidas pasiones y la sombra de irracionales ataques de ira -, se colocan en riesgo de ser vulnerados derechos elementales: la vida, la integridad física, la salud, la dignidad humana.
Tributan tanto en la articulación como en la desarticulación del circuito violento generosamente, aspectos sociológicos, psicológicos, políticos, culturales que enriquecen el discurso jurídico. A su vez y como en todo trabajo interdisciplinario, las ciencias auxiliares también absorben los principios y contenidos del derecho, apropiándose de los mismos. Mitos que caen fulminados y realidades que alumbran múltiples factores se entremezclan desordenadamente para dar paso así al saber científico.
Avances normativos significantes, como la sanción de diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos y modernos instrumentos legales de menor jerarquía se diseminan por distintas latitudes. La mutilación humillante que sufrió históricamente la capacidad de la mujer y gracias a luchas sin claudicaciones, desplaza del centro de la escena paulatinamente al paradigmático machismo y sus desdeñables enseñanzas deshumanizantes. Este, sin embargo, – maltrecho y herido – se resiste a desaparecer definitivamente, en cumplimiento de estrictos y ocultos mandatos ancestrales. La igualdad de géneros deja de ser un anhelo y se convierte – no sin tropiezos – y con algunas idas y vueltas, en presente.
No obstante el drama del fenómeno crece. En términos económicos, según el BID, sin incluir los costos policiales, judiciales y de salud, lo que se pierde como consecuencia de los efectos devastadores de la violencia significan el 1,6 al 2 % del Producto Bruto. Se ha convertido en una verdadera pandemia social, a tal punto que por nuestros días el 50 % de las mujeres pasaron al menos una vez por una situación de violencia física.
Los tres poderes del Estado y la sociedad deben de dar concientemente y sin esperar señales claras e inequívocas de compromiso para combatirla. El diseño planificado de adecuadas políticas públicas inclusivas quizás encuentre entre los ámbitos mas sensibles y necesitados de respuestas inmediatas a los servicios de justicia y de salud.
El derecho viviente, aplicado por una pronta justicia de acompañamiento, para tornar eficaz el abordaje en los casos de violencia familiar necesita conjugarse con los recursos comunitarios imperiosamente.
En nuestra provincia – al igual que en la Nación y en el resto de las provincias del país – se ha dictado en el año 1999 (B.O. 11/3/99). la ley 9198, que ha sido reglamentada por Acordada del STJER. En el mismo sentido, a partir del año 2000 los casos caen bajo la competencia de la justicia especializada de familia.
Básicamente se trata de otorgar al poder jurisdiccional y para potenciar su función ordenadora, herramientas excepcionales, aptas para posibilitar que cesen los comportamientos violentos en el seno de cada familia. El Juez queda habilitado para despachar el dictado de lo que se llaman en derecho medidas autosatisfactivas. Reconocen la especial característica de ser urgentes y de agotarse en si mismas. No se expide el Magistrado en definitiva sobre la existencia cierta del hecho denunciado. Sino que ante la eventualidad de un riesgo inminente ( de que los derechos de la víctima sean vulnerados), y con el claro objetivo de que no se repitan similares sucesos en el futuro, se lo autoriza sin dar mayores oportunidades de defensa al denunciado (inaudita parte) a adoptar determinadas medidas catalogadas, enunciadas en la ley. Por ejemplo: la exclusión del agresor por un plazo determinado de la vivienda familiar, la prohibición de acceso, la derivación a terapia obligatoria, la prohibición de acercamiento a la víctima. Estos son fructíferos avances, que precisan ser apuntalados, tanto en el imaginario social, como en los planos institucionales. En Concordia los esfuerzos que actualmente se hacen en cuanto a tratamientos son aislados, desarticulados y en fin, ineficaces. Estamos muy cerca de afirmar que hay una deserción del Estado en esta materia. Hacen falta acciones positivas para superar la situación.
En tal sentido el Servicio de Violencia Familiar para Concordia fue proyectado teniendo en cuenta estos avances normativos y las estadísticas de los Juzgados de Familia y Menores de ésta ciudad, que mostraban un crecimiento cuantitativo de casos. Se pasó de un par de denuncias por semana en el año 2000, a 3 por día (algunas veces) en el 2006. El proyecto está basado en una lógica fundamentalmente de colaboración ; reafirma y subraya la responsabilidad institucional indelegable del Estado. Mediante su implementación, la Municipalidad de Concordia, el Gobierno Provincial y el Superior Tribunal de Justicia realizarían distintos aportes , para posibilitar que un equipo interdisciplinario de psicólogos, psiquiatras, Asistentes Sociales, y un abogado, (todos coordinados por una Psicóloga Forense, ya designada por el STJER) realicen una tarea eminentemente de asistencia y prevención de Violencia Familiar. A eso lo lograrían trabajando directamente y en espacios terapéuticos tanto con las víctimas como con los supuestos agresores. Pero hasta el momento, la iniciativa sigue esperando. Ello así, no obstante haber sido presentada con el aval de los distintos sectores involucrados ( Salud, Comisaría del Menor y la Familia, Jueces de Familias, Secretarios, Defensores, etc.) y que el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos lo apoyara explícitamente mediante un Acuerdo de ese Alto Cuerpo hace varios meses. Se trata de una propuesta que de llevarse a la práctica significaría un salto cualitativo en el ámbito local en cuanto a la forma de abordaje de los casos de violencia doméstica, ya que facilitaría la formación clínica de especialistas, contribuiría a la capacitación de los distintos actores sociales y encarnaría una experiencia institucional sumamente rica para futuros aprendizajes. Concordia y su gente se merecen éste logro sin más demoras.
*Juez de Minoridad y Familia de la ciudad de Concordia
