Esteve recordó que en 2010 el sindicato y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción comenzaron la campaña “Paren de Fumigar”. El trabajo consistió en contactarse con docentes de escuelas rurales afectadas por las fumigaciones.
La última actividad que hicieron fue un muestro de suelo, agua y aire en seis escuelas rurales. La actividad estuvo a cargo de un profesor de la Universidad de La Plata, Damián Marino. Se colocaron sensores de viento y tomaron muestras de suelo y agua que se las llevaron para el análisis. En 15 días se renovará el sensor del viento. La intención es saber si los químicos derivados de las fumigaciones alcanzan las instituciones escolares.
Como antecedente negativo, Esteve indicó que la semana pasada, una docente de Gualeguaychú denunció que encontraron glifosato en un análisis del pozo de agua de la escuela.
En Santa Anita, zona rural de Concepción del Uruguay, se encuentra la escuela rural Nº 44. La directora denunció una fumigación aérea realizada la semana pasada en momentos en que estaban en clases. Los síntomas que padecieron fueron llagas en la boca y ojos, dolores de cabeza, descompostura. Ya se trata de la segunda o tercera fumigación que reciben un avión o un mosquito. La mujer está decidida debido a que, de lo contrario, teme que los alumnos dejen de acudir a clases. Además recalcó que los docentes tienen la obligación de garantizar que el ambiente donde se dictan clases sea sano y seguro.
Respecto de la legislación, recordó que existe un proyecto integral en el Senado pero no fue sancionado aún y recién será retomado en 2016. Por ahora, hay una resolución vigente que establece una distancia de 50 metros respecto de escuelas rurales o cursos de agua para las fumigaciones terrestres. “Pero ni eso se cumple”, dijo la secretaria de Educación Ambiental.
En cuanto a las fumigaciones aéreas, establece una distancia mayor: aproximadamente 1.000 metros hacia las escuelas. Pero la docente se preguntó quien controla que se cumpla con la distancia establecida. Se trata de una tarea difícil, casi “incontrolable”. Es que se deben tener en cuenta otros factores como la deriva (viento). En la zona rural de Uruguay conviven la soja con el trigo. La mujer indicó que tanto uno como otro cultivo requieren de fumigaciones.
Esteve recalcó que están logrando que se tome conciencia al respecto, que es uno de los objetivos primordiales de la campaña. Cuando comenzaron, muchos docentes ni siquiera se animaban a denunciar. “Cuando estaban siendo fumigados se metían adentro porque tenían miedo. Ni siquiera se preocupaban por lo que podía sucederles”, dijo la mujer.
Además de los efectos inmediatos como dolor de cabeza o irritación en las mucosas, la preocupación mayor radica en los efectos a largo plazo de recibir fumigaciones en forma reiterada. “Sabemos que la OMS dijo que los agrotóxicos son cancerígenos y eso es un avance”, señaló. De la misa forma, señaló que hay dudas acerca de la forma de alimentarse incorporando “venenos” y los transgénicos.
Más adelante, defendió la implementación de educación ambiental en las escuelas rurales. Para ello, dijo que los docentes deben capacitarse y estudiar sobre el tema. “Para dar la lucha desde las escuelas”, indicó. En ese sentido, destacó la existencia de manuales ambientales elaborados en el Ministerio de Educación nacional que los dejan en manos de los docentes cuando realizan algún taller. Estaban disponibles en formato digital, los imprimieron y los distribuyen entre quienes se anotan en los talleres.
