En una nota firmada por Luis Bruchstein columnista del diario Página 12 afirmó "Se pueden hacer mil discusiones técnicas sobre el fallo de la Corte Suprema, pero el contexto en el que se produce demuestra que los aspectos técnicos de la Justicia van por detrás de los políticos y más atrás de los sociales. Este fallo no se hubiera dado en el gobierno anterior. Y no por el signo ideológico que tuviera, sino por la relación de fuerzas que expresaba. El triunfo electoral de la derecha implicó un cambio en la relación de fuerzas en general, no solamente el reemplazo de un gobierno determinado por otro de distinto signo.
Los dos nuevos jueces de la Corte votaron por equiparar al terrorismo de Estado con los delitos comunes. Expresan la nueva situación, que nos retrotrae a la Argentina de 20 años atrás, donde los reclamos de los organismos de derechos humanos eran considerados como subversivos. El núcleo duro del voto a Cambiemos representa a quienes simpatizaron con los represores. Se ve con claridad en los cacerolazos. Pero el espectro más amplio de ese voto había aceptado y hasta veía con simpatía a la lucha por los derechos humanos. En la polarización ese sector se acercó al núcleo duro prodictadura y desbalanceó una ecuación que había permitido un salto gigantesco en materia de ciudadanía y conciencia democrática.
El gobierno de Cambiemos está integrado en su mayoría por ese núcleo duro que se empeñó en desprestigiar a los organismos de derechos humanos. Hicieron un debate absurdo sobre la cantidad de desaparecidos, hicieron campañas con la manipulación de denuncias de corrupción y atacaron todos los flancos de las políticas de reparación a las víctimas. El mismo Mauricio Macri dijo que iba a terminar con "el curro" de los derechos humanos. Fue una manera de esmerilar en el plano de la cultura los hitos que había logrado instalar la larga lucha de los organismos de derechos humanos.
La declaración de la Iglesia sobre una reconciliación perversa entre víctimas y victimarios precedió a este fallo de la Corte. Hay un clima que rápidamente han recuperado los viejos socios de la dictadura aprovechando el resultado electoral y el cambio que se produjo en la relación de fuerzas, otra vez desfavorable para el campo popular. Habrá que aprender la lección, la formación de consensos en una puja se da entre dos conjuntos, entre dos campos, no tres ni cuatro. Cuando el campo popular se debilita, se fortalece el contrario y se empieza a perder lo que se había ganado.
Los organismos de derechos humanos pueden mostrar una abundante y variada experiencia en la lucha desde el llano. Tienen la piel curtida para no bajar los brazos. En el campo político habrá que fortalecer el polo popular y democrático que salió debilitado con la llegada de Cambiemos para contrarrestar esta ofensiva de la derecha en el plano socioeconómico y en el de la ética y los derechos humanos.
EL 2 X 1 A GENOCIDAS
La Corte Suprema declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. Fue por decisión de mayoría, con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”) por tratarse de la ley “más benigna”.
La ley 24.390 –conocida popularmente como el beneficio del 2×1-, hoy derogada, estuvo vigente entre los años 1994 y 2001. Permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron sin sentencia firme. De esta manera las penas pueden reducirse de una manera contundente.
“No les importa nada, basurean la memoria de nuestros hijos. Es un día nefasto”, expresó su bronca y dolor Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. “Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”, justificaron ambos magistrados que no avalaron la aplicación del 2×1.
"Es una estafa a la moral social, nos están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida. Nos están destruyendo física y moralmente. Es una lucha a la que falta y esto es un retroceso. Es una justicia impura", se quejó también Estela de Carlotto en la radio AM 750.