La cuestión se vio agravada con el último aumento salarial otorgado por el Gobierno a los docentes, y que llevó el mínimo de bolsillo a 1.040 pesos.
Dos fueron las decisiones que adoptaron las escuelas privadas: por un lado harán un planteo formal a los legisladores provinciales, a quienes compete aprobar el Presupuesto provincial, y por otro lado, harán conocer a los padres de los alumnos la serie de complicaciones financieras que afrontan mes a mes. Hubo una tercera moción, que apuntó a efectuar una presentación legal contra el Estado, que no prosperó.
“Elitistas”
Osvaldo Bodean, titular de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada, dijo que lo resuelto ayer apuntó a “insistir con el reclamo por la vía del diálogo, pero también de la difusión de la necesidad de que se logre una ampliación presupuestaria que cubra todos los cargos y horas cátedra que están pendientes de reconocimiento desde hace ya muchos años, incluso desde antes de esta última gestión de gobierno”.
El dirigente resaltó que una de las primeras mociones fue poner en conocimiento de esa situación a los legisladores de Entre Ríos “a quienes se considera directos responsables de la aprobación del Presupuesto. Pero esa misma comunicación, que deberá tener su fundamento jurídico y también cuantificación económica respecto del atraso, llegará también a la Dirección de Educación Privada, al Consejo de Educación y al Poder Ejecutivo. Además, se va redactar una carta dirigida a los papás. Creemos importante que ellos sepan qué es lo que no está pasando, y de qué manera nos sostenemos».
Con un aumento de los recursos destinados al sostenimiento de la educación privada, aseguran, se evitaría recargar más aún el bolsillo de los padres mediante un nuevo aumento de los aranceles. “Creemos que lo prioritario no es aumentar aranceles, esa no es la solución de fondo. Ese camino, parcial, ese parche, transforma a nuestras escuelas en más elitistas”, sostuvo Bodean.
Fundamentos
Las escuelas privadas sostienen la necesidad de que el Estado salga en su auxilio y se apoyan para eso en el principio de cofinanciamiento que rige desde mediados de la década de 1960. Ese esquema reparte las cargas en el mantenimiento de los servicios educativos en la provincia: las instituciones privadas asumen a su cargo el edificio y demás costos de funcionamiento, y el Estado toma bajo su responsabilidad la transferencia de los fondos necesarios con los cuales abonar salarios a toda la planta orgánico-funcional.
Pero las sucesivas crisis financieras en la provincia han ido resquebrajando ese principio, situación que se agudizó a comienzos de los años 90. Así, el aumento de la oferta académica de los institutos privados no contó con todo el respaldo presupuestario estatal para poder funcionar. De ese modo, los institutos debieron recurrir a los fondos obtenidos vía el cobro de cuotas para pagar salarios. Pero ahora aseguran que con “la puesta al día del presupuesto estatal destinado a cubrir cargos y horas cátedra, que están pendientes de reconocimiento económico desde hace ya varios años”.
Pero como entienden que la responsabilidad central en la actualización de fondos para la educación privada corresponde a la Legislatura, la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada piensa iniciar el reclamo en ese ámbito. Aunque también aspiran a poner en conocimiento del problema a las autoridades del Poder Ejecutivo. “Jamás estuvo en nuestro espíritu romper el diálogo. Al contrario, queremos afianzarlo, y eso se logra diciendo lo que nosotros entendemos que debe decirse”, dijo Bodean.
