La iniciativa persigue dos propósitos, según contaron los apoderados legales de esas instituciones: por una parte generar recursos con los cuales hacer frente al pago de cargos docentes que no cuentan con respaldo presupuestario del Estado, y también aplicar un “principio de justicia” entre quienes pagan y quienes no lo hacen, contando con los recursos para hacerlo.
La resolución 4.447 del 29 de diciembre de 2005 del Consejo General de Educación (CGE) autorizó a los institutos privados a aplicar subas en los montos de las cuotas que abonan los alumnos, y fijó valores de entre 35 y 70 pesos, según el nivel de reconocimiento de cargos por parte del Estado entrerriano. No obstante, hay colegios que soportan severos retrasos, con morosidades que van del 30 al 50 %, según los casos, aunque no siempre las familias atraviesan problemas económicos que les impidan pagar esos montos.
Un sacerdote que es estrecho colaborador del arzobispo de Paraná, Mario Maulión, y que pidió reserva de su caso, justificó la tercerización del servicio de cobranzas, por cuanto, aseveró, “se trata de alumnos que ya terminaron de cursar el nivel secundario, y que se fueron dejando deudas de varios meses sin pagar la cuota”.
“En realidad, primero hemos apelado a la sensibilidad de los padres y les hemos planteado la necesidad de que se pongan al día, que no se atrasen, aunque si esa situación se mantiene y los chicos terminan de cursar y se van sin pagar, ahí mandamos esos casos a esta empresa. Pero no se trata de algo sencillo, es muy complicado y hasta ahora no hemos tenido los resultados esperados”, explicó.
Aunque las gestiones de cobranza también alcanzan a padres de alumnos que actualmente están cursando su escolaridad, tal lo que sucede en otra escuela privada, cuyo responsable legal es también un sacerdote. En esa institución, las autoridades dieron tres pasos: primero enviaron notas generales a todos los padres; luego en forma particularizada a quienes estaban en mora, instándolos a ponerse al día; y finalmente entregaron los listados de quienes no regularizaron deudas a una firma que se especializa en recuperación de morosos.
La directora de Educación Privada del CGE, Marisa Mazza, no ocultó su sorpresa cuando EL DIARIO la consultó respecto de casos que, dijo, desconocía, aunque destacó que “cada institución está en libertad de acción para adoptar las medidas que crea conveniente para procurar el cobro de cuotas a sus alumnos”.
A su vez, Osvaldo Bodean, presidente de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada, si bien entendió las urgencias que tienen algunas escuelas en procurar los recursos para abonar cargos u horas cátedras por las que el Estado no envía recursos, también defendió la necesidad de que todos los padres estén al día con el pago de cuotas. “Aun cuando si el Estado reconociese el 100 % de los cargos, igual estaría la necesidad de lograr que todos los padres paguen la cuota de sus hijos, y destinar esos fondos al propósito original, como el arreglo de los edificios, algo que estamos permanentemente postergando”, señaló.
De todos modos, los privados están al aguardo de alguna señal desde el Gobierno respecto a un eventual reconocimiento de cargos a escuelas públicas de gestión privada. En el Presupuesto 2006, educación absorbe 619,7 millones de pesos, de los cuales 92,6 millones corresponden a las escuelas públicas de gestión privada para el pago de salarios a su personal docente. Aunque en una asamblea de los institutos privados que se realizó el 26 de agosto en el Instituto Cristo Redentor se escucharon voces de alarma respecto al atraso en ampliar esos fondos.
