Por el principio de subsidiariedad que rige, la Iglesia Católica —propietaria de la mayoría de los colegios confesionales— aporta infraestructura y el Estado asume el pago de los salarios del cuerpo docente de instituciones que albergan a una matrícula de más de 76 mil alumnos, poco más del 20 % del total de estudiantes de Entre Ríos. Pero en los últimos años ese esquema comenzó a fisurarse, y si bien el Consejo General de Educación (CGE) avaló pedagógicamente la ampliación de servicios educativos, el reconocimiento presupuestario de los cargos fue atrasándose.
Ayer, la directora de Educación Privada del CGE, Marisa Mazza, adelantó la decisión oficial de autorizar una ampliación presupuestaria para este año, aunque evitó dar precisiones al respecto. “Prefiero ser cauta”, dijo la funcionaria al ser consultada.
En realidad, esos fondos tendrán una finalidad amplia: no sólo se destinarán a reconocer cargos docentes de escuelas privadas que hoy se solventan con recursos que generan las propias instituciones, sino también a saldar “rojos” presupuestarios y también a “equiparar” el sueldo de los ordenanzas del sector privado con los de las escuelas públicas.
Mazza evitó dar precisiones respecto de los montos que se destinarán para reconocer cargos docentes ni qué número de escuelas serán beneficiadas. “La idea del Gobierno es dar el máximo que se pueda para la creación de cargos con la plata que tenemos”, señaló. Lo que sí anticipó es el criterio de distribución: será para las escuelas más necesitadas que estén ubicadas en zonas desfavorables.
De todos modos, no hay fecha precisa de cuándo se llevará a la práctica esa medida, un hecho que provocó cierta desazón entre los apoderados de las escuelas públicas de gestión privada de toda la provincia que el viernes se reunieron en Paraná. Al respecto, el delegado del Obispado de Gualeguaychú, Guillermo Rígoli, fue directo al plantear la incertidumbre que reina en las escuelas respecto de los fondos que esperan del Estado: “Nos tendremos que convertir en órdenes mendicantes”, dijo.
Pero por delante del reconocimiento de los cargos, a los privados les urge resolver la imposición que tienen de no superar un tope máximo del 8 % para nombrar suplentes en las escuelas, un hecho que les está trayendo situaciones de difícil manejo, como la que ayer planteó el sacerdote Andrés Servín, de Concordia (ver aparte).
“Este cupo del 8 % plantea una situación absurda como que los docentes se pueden enfermar hasta ese 8 %. Hay instituciones educativas que están al borde del colapso, porque al tener un bajísimo nivel de cobro de cuotas de los alumnos no tienen con qué pagarle al docente si el Estado no le reconoce el cargo del suplente”, observó Osvaldo Bodean, presidente de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada de Entre Ríos.
La asamblea de ayer de las escuelas privadas resolvió que ante la imposibilidad de que el tema se resuelva a nivel de la Dirección de Educación Privada, se hará un planteo formal ante el gobernador Jorge Busti. “Vamos a pedir al Gobierno que este 8 % desaparezca como tope, porque no tiene ninguna razonabilidad, pero además entendemos que cuando el Estado aprueba cargos y horas lo hace con todas sus implicancias, esto es que el titular se enferme y haya que reemplazarlo. No queremos que exista un tope porque no existe un tope para la enfermedad del docente. Y quitando este 8 % quizá se sincere la discusión del problema de la salud docente”, sostuvo Bodean.
Un sacerdote decidido a cerrar una escuela
“Yo así no puedo, tengo que bajar la persiana”. El padre Andrés Servín, párroco de Nuestra Señora de Lourdes, de Concordia, habló sin medios tonos frente a la directora de Educación Privada, Marisa Mazza.
Fue después de haber planteado la crítica situación financiera que atraviesa la Escuela Privada Número 69 San Francisco de Asís, ubicada en una de las zonas más pobres de Concordia. La escuela tiene una planta de 63 docentes de los cuales 7 están enfermos con lo cual exceden el tope permitido de licencias en un 3,11 %.
La cuestión no es mera matemática: implica que los cuatro docentes “excedidos” que han sido nombrados para no desa-tender el aula, no cobran sus salarios porque el Estado no envía los fondos, amparado en el tope máximo del 8 % dispuesto para la cobertura de licencias. Hasta junio, la escuela acumuló una deuda con ese personal de 10.719,03 pesos que no sabe cómo pagar.
Al padre Servín los números no le dan de modo alguno: sólo para pagar los salarios de julio de esos cuatro docentes necesita una partida de 1.945 pesos. Pero los ingresos “por todo concepto” por mes suman 665,65 pesos, discriminados así: en el turno mañana, se recaudan 452,85 pesos y en el turno de la tarde, otros 212,80 pesos, a razón de 2,20 pesos por alumnos y por mes. La cuestión es que de gastos de mantenimiento —luz, teléfono, arreglo de muebles, instalación eléctrica— gastan 799 pesos, más de lo que recaudan.
