Los representantes de este sector, señala que son (las familias) las generadoras de los recursos que el Estado administra, y que tiene la obligación de emplear para que nuestros hijos sean educados. Por ello, los padres de familia argentinos deseamos, como ocurre en tantos países avanzados del mundo, no tener que pagar más que nuestros impuestos para educar a nuestros hijos en la escuela que libremente seleccionemos, conforme a nuestra manera de pensar”.
Resaltan que “negarle o recortarle el auxilio de los fondos que administra el Estado a una familia por haber elegido una institución escolar diferente a las estatales, constituye un evidente acto de discriminación, que se torna aún más grave cuando condena a la precariedad a tantas escuelas de gestión comunitaria que educan a niños de familias de escasos recursos”.
El debate queda abierto pues, lo que es cierto es que, con el mismo derecho, otras escuelas privadas con un criterio diferente a la religión católica, podrían plantear lo mismo y así, el Estado dejaría de centralizar la cuestión educativa como se le exige desde hace años.
