Sigue el escándalo en el Poder Judicial de Entre Ríos, luego de que un grupo de abogados que integran el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos, denunciaran que tienen fundadas sospechas que son víctimas de escuchas telefónicas ilegales y admiten que podrían haber sido interferidos sus teléfonos. Lo hicieron público en una nota ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la entidad que los nuclea en la provincia.
Los firmantes de la nota, presentada el martes pasado, son Marciano Martínez, Miguel, Guillermo Mulet, Mario Figueroa, Guillermo Vartorelli, Gastón Duarte, Rubio Pérez, Miguel Retamoso, Rubén Pagliotto, Sueldo Jorge Gabriel, Humberto Franchi, Alberto Juan Silva Velazco, Guillermo Retamar, Alberto Salvatelli, Sebastián Reyes y Candela Bessa.
Para los abogados, de existir éstos actos, los mismos “están enmarcados en una política que hemos denunciado y que públicamente se ha manifestado con agresiones como las que emergen de expresiones de funcionarios judiciales que sostienen que nos hemos constituido en cómplices de nuestros defendidos y que para evitarlo nos han marcado la cancha”.
Además, este grupo de profesionales emitió un documento, el pasado 21 de marzo, en el que manifestó “fastidio” por el funcionamiento de los diferentes órganos judiciales.
En diálogo con el programa “Quién dice qué”, que se emite por Elonce TV, uno de los abogados que firmó la nota se refirió a las supuestas escuchas telefónicas ilegales de las que serían víctimas un grupo de abogados penalistas en Entre Ríos.
El letrado Rubén Pagliotto, exfiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, integrante del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos y profesor universitario, señaló a Elonce TV que el tema de las escuchas ilegales surgió “a través de las denuncias de un par de colegas muy respetados. Por ahora, no vamos a revelar nombres, ni las circunstancias en las que surgió el estado de sospecha, que configuró la suficiente entidad como para iniciar una investigación”.
A partir de esas sospechas, fue que se decidió dar a conocerlas en el Poder Judicial y también en el Colegio de Abogados de la provincia “para que tomen cartas en el asunto”, dijo Pagliotto. Además, con la denuncia pública se busca “que la cuestión sea debatida en la sociedad y garantizar que el abogado pueda ejercer la profesión, libremente y sin presiones, y por ende, pueda llevar a cabo el sagrado magisterio de la defensa de un ciudadano que atraviesa un proceso penal”, afirmó el letrado a Elonce TV.
En un capítulo más del escándalo que se desató el fin de semana pasado, ayer, el procurador general del Poder Judicial de Entre Ríos, Jorge García, se expresó sobre las supuestas escuchas telefónicas ilegales de las que dice ser víctima un grupo de abogados penalistas de la provincia.
“El hecho (…) si bien reviste una gravedad inusitada, no alcanza a la mínima concreción como para dar andamiento a una acción penal pública”, dijo el funcionario judicial y por tal motivo, instó a los abogados a radicar una denuncia en la Fiscalía de Turno y les aseguró el “apoyo logístico” del Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, el procurador de la provincia prometió “el apoyo logístico para una eventual investigación penal”, y dijo que al grupo de denunciantes que “tienen todo el apoyo del Ministerio Público Fiscal, más allá que finalmente por razones de competencia, el tema termine radicado en la Justicia Federal, adonde desde ya, también pueden ocurrir”, manifestó García.
Al respecto, Pagliotto sostuvo que aún no se recurrió a una denuncia formal, pero “nosotros quisimos hacer una denuncia de tipo institucional y pública, por eso recurrimos al Colegio de Abogados y también, como operadores del sistema penal, al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”.
Asimismo, el letrado remarcó a Elonce TV que posiblemente, “con el correr de los días y cuando se acumule más información acerca de las sospechas, seguramente recurriremos a la Justicia con una denuncia formal”.
Por otra parte, el abogado manifestó su oposición a “minimizar el tema” como hizo el fiscal García, según e criterio de Pagliotto. Además, remarcó que el hecho de restarle importancia a la denuncia de los abogados, se “enmarca en una disputa intelectual e institucional que venimos teniendo con el Ministerio Público fiscal, a partir de expresiones muy poco felices y muy imprudentes de quien comanda el Ministerio Público fiscal, cuando pretendió emparentar con la catadura moral de nuestros defendidos, pese a que una persona goza de la presunción de inocencia cuando aún no se ha sometido a un juicio y sobre la que no hay sentencia firme”, explicó el abogado.
Al respecto, Pagliotto remarcó a Elonce TV que “somos abogados que ejercemos dignamente la profesión para mantener a nuestras familias y cumpliendo un servicio acorde a la Constitución y al Estado Constitucional de Derecho y nos ganamos la vida honradamente”.
Además, sostuvo que el Ministerio Público fiscal puede iniciar acciones, aunque no se haya presentado una denuncia. “Muchas veces no se necesita denuncia concreta para iniciar acciones y hay resortes investigativos como para convocar a organismos que puedan investigar”, dijo a Elonce TV y agregó que “no se puede desechar un tema por cuestiones meramente formales, como en otros casos ha sucedido”.
Al inferir algunos de los motivos por los que algunos abogados podrían ser víctimas de escuchas telefónicas ilegales, Pagliotto destacó que “quienes han lanzada esta innoble tarea de pinchar los teléfonos, quizás tienen la intención de creer que investigando al abogado que defiende determinadas causas, se podrá llegar a esclarecer o acercar alguna pista en algún delito; pero es coartar de la libertad y además, es una vergüenza y un papelón”.
Al ser consultado sobre las sospechas de que los abogados son investigados, Pagliotto consideró que “el aparato amorfo e inmanejable que constituyen los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas, ha superado a las estructuras formales y al Poder Judicial, incluso ha habido casos de escuchas ilegales a legisladores oficialistas”.
Finalmente, el abogado remarcó que “no se pueden violar las garantías para investigar los delitos. El abogado además de ser un ciudadano y estar enmarcado en el artículo 18 de la Constitución, sobre la inviolabilidad de la correspondencia; tiene un pacto de confidencialidad e intimidad con su defendido”. Elonce.com
