El informe final del «Monitoreo ambiental de Sars-Cov-2 en aguas cloacales de la ciudad de Córdoba y Valle de Punilla», publicado a fines del año pasado por el Instituto de Virología de la UNC en conjunto con el Ministerio de Salud de Córdoba, determinó que, en octubre de 2020, «se identificó genoma de Sars-Cov-2 en aguas crudas» de la planta depuradora Costa Azul de Carlos Paz. El mismo informe concluye que, con frecuencia, «las aguas crudas o mal tratadas alcanzan cursos de aguas superficiales, que son utilizados como fuente de abastecimiento de agua, con fines recreacionales y/o para riego en sistemas productivos de alimentos. De esta manera se abren nuevos escenarios ambientales con potencialidad de transmisión viral a la población expuesta».
El propio Iosa hizo llegar los resultados del estudio al intendente de Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira, pero no obtuvo respuestas. Ante esta situación, el médico sanitarista y el concejal Rabetti decidieron llevar el caso a la Justicia, presentando una denuncia para solicitar una medida precautoria que suspenda «el uso recreativo y/o turístico en los lugares del Lago San Roque y los balnearios comprometidos», hasta que se lleven a cabo «las acciones preventivas que la técnica, la ciencia y el sentido común indican, con el objeto de evitar el posible riesgo concreto de infección».
Pero la denuncia no se centra solo en la posible presencia de Sars-Cov-2 en las aguas del San Roque. En la presentación judicial se puede leer que el lago atraviesa actualmente «un proceso de eutrofización o hipereutrofización que ha producido el florecimiento de cianobacterias», entre las que el Instituto Nacional del Agua encontró la «Microcystina», productora de toxinas que pueden «provocar diferentes enfermedades en el ser humano, por contacto directo, por ingesta o inhalación del agua o por el consumo de peces contaminados».
El sanitarista detalló que, en casos de poca gravedad, el contacto con esta cianobacteria puede provocar ardor en los ojos, alergias, dermatitis o diarreas. En casos más graves, la Microcystina es tóxica para el sistema nervioso, el hígado –hepatitis A y B– e «ingerida a largo plazo puede provocar enfermedades graves como el cáncer hepático», según se lee en la denuncia.
«Este lago se hizo con la idea de juntar agua para proveer a Córdoba, luego se fueron creando poblaciones que se convirtieron en grandes ciudades como Carlos Paz, pero ese crecimiento no fue acompañado por la inversión en saneamiento necesaria y el lago se fue contaminando con materia fecal humana», indicó Iosa. Según se lee en la denuncia, las aguas del San Roque «son alcanzadas por vertidos cloacales crudos en más del 50 por ciento de la cuenca debido a la falta de infraestructura de saneamiento».
Sin embargo, los altos niveles de contaminación no son desconocidos por las autoridades. Iosa sostuvo que los funcionarios «tienen conocimiento cabal de esta situación. Nosotros hicimos el informe ‘Alerta San Roque’ en el que se da cuenta de los riesgos y se lo hemos dado a todo el arco político del Municipio, de Provincia y de Nación. Sabiendo todo esto hace mucho tiempo, nadie toma medidas», afirmó.
Es por esta razón que la denuncia también busca que se investigue a varios funcionarios municipales y provinciales por el delito de «incumplimiento de deberes de funcionario público». Entre los acusados se encuentra el propio intendente Gómez Gesteira, el secretario de Salud Pública, Julio Niz, el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo Garcia Setti, y el ex jefe comunal y actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés.
En concreto, la denuncia pide que se investigue si, «habiendo sido anoticiados de los hechos», ya sea por «acción u omisión, imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos u ordenanzas», los funcionarios pusieron «en riesgo la salud y la vida de ciudadanos y habitantes, y el equilibrio del ambiente».
«Queremos que se sincere esta situación de una vez y empezar a trabajar en serio en el saneamiento del agua, construir una ciudad con un lago limpio y un turismo responsable», sostuvo finalmente Iosa, quien agregó que «el tema ambiental es muy álgido en Córdoba y en general la Justicia no nos escucha. También nos gustaría que el Gobierno nacional intervenga y haga saber a la provincia que está preocupado por estas situaciones».
