El escándalo del financiamiento de Cambiemos no deja libre de sospechas ni a las personas cercanas al oficialismo. “En realidad fue una confusión, recién salí en un medio diciendo que no había aportado nada. Pero justo llega el compañero diputado Pablo Ansaloni (Cambiemos) y sí estuvimos en realidad en una cena en Pergamino que justo era para la campaña de Esteban Bullrich, que salió 5000 pesos la tarjeta”, intentó corregirse Ayala en declaraciones en Radio 10, luego de haberse ufanado, en FM La Patriada, de su férrea austeridad en el manejo de los recursos.
La enmarañada anécdota deja entrever que, aunque persista es su actitud negadora, al oficialismo no tiene elementos para explicar el escándalo revelado tras la investigación de El Destape. Escándalo que salpica a las autoridades partidarias y, sobre todo, a la gobernadora y titular de la fuerza política en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Es que no solo hay una enorme cantidad de aportantes truchos –en su gran mayoría personas en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica– que ocultan los nombres de los verdaderos financistas de la campaña para las elecciones legislativas del año pasado sino que, además, según un informe de la Cámara Nacional Electoral, casi la totalidad de esas personas aparecen también como afiliadas al PRO, cuando no lo son.
Este escenario fue ampliado con la investigación de PáginaI12, que el último domingo reveló el caso de un concejal “arrepentido” de Avellaneda que figuraba como aportante a la campaña para las últimas elecciones presidenciales. A él se sumaron otros ex candidatos oficialistas que denunciaron públicamente que sus nombres habían sido utilizados para encubrir a los aportantes reales. Se demostró así que la maniobra fraudulenta no es nueva y data –por lo menos– de 2015, cuando resultó electa la alianza Cambiemos.
Son tres las investigaciones judiciales iniciadas. La primera, impulsada por el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, indaga posibles irregularidades en la recaudación de dinero para la última campaña electoral. La segunda causa, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, se enfoca en los falsos aportes de los beneficiarios de planes sociales “Argentina Trabaja y “Ellas Hacen” en localidades del conurbano bonaerense. La tercera es la que se abrió tras la denuncia presentada en La Plata por la senadora provincial Teresa García (Unidad Ciudadana), que señala directamente a Vidal, a su jefe de Gabinete, Federico Salvai, a la actual contadora general, María Fernanda Inza, y a los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Jorge Macri (Vicente López), en tanto autoridades partidarias.
