“Es fácil echarle la culpa a la naturaleza, cuando las cosas no se hacen con naturaleza”

Ante esta situación, nos llama poderosamente la atención la liviandad con que el Ministro del Interior Aníbal Fernández decía “presagios de problemas energéticos hubo millones pero sin embargo los problemas fueron nimios”. (insignificantes) remarcó el funcionario. “pero la problemática comenzó el primer semestre del año 1998, cuando dejó de crecer la argentina, y quienes tenían las concesiones no hicieron las inversiones que tenían que hacer” recalcó. Diario El Sol – 21/06/07.
La pregunta del millón sería ¿Dónde estaban en aquel entonces los Entes reguladores y la Secretaría de Energía de la Nación que tenían que hacer cumplir los contratos de concesión que están contemplados en la Ley Nº 24.065 Régimen de la energía eléctrica? Cómo es posible ahora que la industria, el comercio, generadores de bienes, servicios y empleos paguen multas, sanciones, restricciones del uso de energía, a esto se le agrega las declaraciones del Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia “esperemos que esto no sea mayor pero no podemos contra la naturaleza”.Diario El Sol – 28/06/07
Claro, es fácil echarle la culpa a la naturaleza, cuando las cosas no se hacen con naturaleza.
Señores, hay que decir la verdad, aquí lo que fracasó fue el modelo energético implementado en la década de los 90. Este no es un problema estacional (invierno, verano, si llueve o no llueve) ni tampoco un problema técnico ni jurídico, es un problema político, pero de política energética, que para revertirlo se necesita voluntad y decisión política, por que aquí hay responsables directos de las cuantiosas pérdidas que tiene el país; y son los que manejan el mercado eléctrico los mismos que incumplieron los contratos de concesión al no efectuar las inversiones necesarias.
Sería entonces imprescindible y urgente la derogación de las Leyes Nº 24.065 que regula el Mercado Eléctrico Nacional y la Ley Provincial Nº 8916 que regula el Mercado Eléctrico Provincial y que se sanciones una nueva Ley que declare los recursos energéticos como un bien social, un derecho esencial con tarifas accesibles que alienten las inversiones y el desarrollo de todos los habitantes del País.
Que se proteja con políticas de estado el uso racional de la energía, herramienta fundamental para construir un país en serio.
Este es un problema de la sociedad y solo con la participación de sus integrantes podremos resolverlo.