La ley nacional que los gobernadores proponen cambiar es la 25.917 (del 2004, a pedido del FMI), específicamente los artículos 10, 12, 15, 19 y 21, para aumentar el porcentaje permitido de cuota anual de deuda pública (ahora, un 15%) en relación con los ingresos corrientes de la provincia; permitir cerrar el año fiscal con déficit y aprobar modificaciones presupuestarias para incrementar los gastos corrientes. Actualmente, los incumplidores quedan afuera del Programa de Asistencia Financiera (PAF) a las provincias.
Desde el entorno de Jaque confiaron que hasta Mauricio Macri se plegó a la movida. También Juan Schiaretti, Hermes Binner y Fabiana Ríos, entre los no alineados con el kirchnerismo. En medio de la ronda de llamados a sus pares, Jaque conversó con su coprovinciana Patricia Fadel, secretaria del bloque kirchnerista de Diputados y una de las que inició consultas en el Congreso. «Avanzamos y esperamos el visto bueno del Ejecutivo. Algún aire nos va a dar…», dijo un hombre clave de las negociaciones.
A su vez, un sector del oficialismo inició una serie de consultas en el Congreso para preparar el terreno para su aprobación. El cambio permitiría a los gobernadores destinar partidas de gastos de capital para desembolsos corrientes, emitir más deuda y cerrar el año con déficit, cuestiones que consideran clave para afrontar el pago de los salarios.
Las cuentas de las provincias, la mayoría en rojo y con serias complicaciones para pagar salarios, generó el pedido de los gobernadores para avanzar con celeridad y un intento de que en los próximos días ingrese el proyecto en el Congreso. Algunas versiones, sin embargo, indicaron que podría tratarse junto con el Presupuesto 2010.
Desde la Casa Rosada ya apelaron a esa estrategia para contener los reclamos por la asignación universal por hijo y una rebaja de retenciones, con la intención de instar a la oposición a tomar postura sobre de dónde provendrían los fondos para destinar a la ayuda social o qué gastos recortar para eliminar alícuotas. «Vamos a evitar los debates parciales», blanqueó la estrategia un diputado con línea directa con Cristina Fernández. En el caso de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la modificación se tomaría como prenda de negociación para impulsar otras iniciativas o para frenar reclamos vinculados al rojo en las provincias, como un aumento de la coparticipación en el impuesto al cheque.
