En la nota, que fue publicada en La Nación, se cuestiona que el gobernador Jorge Busti acusó a los miembros del STJ de actuar en forma corporativa por la votación en el pedido de Jury que había realizado contra los jueces Miguel Ángel Retamoso y Daniel Malatesta.
Muchas de las entidades consultadas, entre ellas, el CELS, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), indicaron que en diversas provincias existe un continuo avance del poder político sobre el Poder Judicial.
En el ranking se menciona a San Luis, Neuquén, Santiago del Estero, Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Tucumán, Chubut y por último Entre Ríos.
Los cuestionamientos, según se indicó en el informe, son generales en algunos casos y específicos en otros. Apuntan contra la connivencia de los poderes políticos y judiciales, la falta de transparencia en los procesos de designación y destitución de magistrados y el avance del poder político sobre las garantías constitucionales de jueces y fiscales.
Entre Ríos
Dentro de ese panorama, la provincia quedó enlistada debido a que el Gobernador acusó a miembros del STJ de actuar en forma corporativa.
El presidente de la Asociación de Magistrados, doctor Alberto Seró, dijo que “en Entre Ríos no tenemos el problema que tienen las otras provincias” porque “hemos sido muy celosos los operadores del sistema judicial de salir al cruce de cualquier atisbo de intromisión que haya por parte del poder político en el Poder Judicial”.
Asimismo, aclaró que “siempre que hay algún amago o alguna declaración que pretenda menoscabar la independencia del Poder Judicial hemos salido a contrarrestar esos ataques. Y gracias a ello podemos tener hoy en día este momento de tranquilidad institucional”.
En una posición un tanto más crítica, el vocal Carlos Chiara Díaz, consideró que existe “una gran diferencia con lo que se denuncia en otras provincias”, aunque remarcó que las desafortunadas opiniones del mandatario no fueron únicamente en el caso de Malatesta y Retamoso, sino también con el juez Mario Quinteros, al establecer en su sentencia un aumento de la jubilación de las amas de casa o las críticas que efectuó contra el juez Garibotti de Gualeguay, tras la muerte del joven Nicolás Carboni.
“El Gobernador, cuando no le ha gustado una decisión judicial, en vez de cuestionarla por los medios que corresponden, es decir pedir la revisión en el marco del debido proceso, lo ha hecho a través de los medios periodísticos, condenando a los magistrados de ser los responsables. Con estas actitudes, ha dejado de lado las reglas de juego”, destacó Chiara Díaz.
