Vale recordar que, la Corte Suprema falló señalando que cualquier mujer que resulte embarazada producto de una violación tiene derecho a interrumpir esa gestación y a que se le debe brindar la atención sin dilaciones, sin exigirle una autorización judicial ni la intervención de un comité interdisciplinario ni otro trámite que demore la práctica, más que una declaración jurada que dé cuenta del hecho violento. Además, exhortó a los gobiernos nacional y provinciales a implementar protocolos de atención, para garantizar el acceso, que tengan la mayor jerarquía normativa posible.
En este sentido, las provincias que no acataron el fallo de la Corte son Mendoza, San Luis, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca, Santa Cruz y San Juan. En cambio, las más cumplidoras de la sentencia son Santa Fe, Jujuy, Tierra del Fuego y Chaco, que han adoptado como protocolo por resolución ministerial o ley provincial la guía elaborada por la Nación (a la que Manzur se resiste a darle status de resolución). Chubut tenía una norma previa a la sentencia, que se adecua al fallo. Y también Río Negro sancionó una ley que lo respeta. Otras provincias, como Salta, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires, lo obedecen en forma parcial, ya que han impuesto mayores requisitos para la atención que los que marcó el máximo tribunal. Las restricciones en el acceso a los abortos no punibles que impuso el gobierno de Mauricio Macri en la CABA quedaron sin efecto a partir de un recurso de amparo. En otras jurisdicciones, como Córdoba y Santa Fe, grupos antiderechos recurrieron a la Justicia para obstaculizar la atención.
“Habría que hacer campañas para que las mujeres que son candidatas a un aborto terapéutico reciban asesoramiento y atención. Así se evitarían muertes maternas, que vemos que están aumentando, por lo que se conoce como causas obstétricas indirectas, es decir, cuando la mujer tiene una patología de base que se complica con el embarazo, como cáncer, lupus, enfermedades inmunológicas. Esas mujeres mueren o quedan con secuelas gravísimas. Y son candidatas a un aborto no punible, pero tal vez no saben que pueden pedirlo”, dijo a Página 12 la médica Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y del Conicet, co-coordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva e integrante de la Comisión Asesora Gineco-Obstétrica, de la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil, del Ministerio de Salud de la Nación. Romero advirtió que falta un relevamiento oficial en todo el país para evaluar cuántos abortos no punibles se están haciendo, y si se están rechazando casos. De todas formas, indicó que por relevamientos informales tiene información de que la demanda creció en algunos hospitales porteños sobre los que tiene datos. “Pero seguramente se están haciendo muchos menos abortos no punibles de los que deberían hacerse para proteger la salud de las mujeres”, agregó. En la provincia de Buenos Aires, la atención es desigual: en algunos hospitales se sigue el protocolo vigente y en otros directamente se niegan a realizar la intervención, indicó Romero.
Aunque la ausencia de un protocolo no debe ser una traba para realizar las interrupciones legales de embarazo, en muchas jurisdicciones la falta de una normativa clara “ha dado lugar a la inaccesibilidad sistemática de la práctica”, señala un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en el que analiza la implementación del fallo en el país.
