“Es una locura pretender llevar adelante este proyecto, es totalmente anticonstitucional”, dijo a Infocampo José Carlos Basaldúa, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer). “Tal como está planteado, establecer un proyecto de esas características es prácticamente lo mismo que fijar aduanas internas en nuestra provincia”, comentó Basaldúa, para luego agregar que “esto generará desinversión en Entre Ríos; ningún productor de otra provincia va a querer venir a sembrar aquí”.
Según establece el proyecto, el dinero que se recaudará sería destinado a un fondo fiduciario para brindar asistencia económica a productores entrerrianos. Además, la medida también sería aplicable a aquellos empresarios agrícolas, sean o no entrerrianos, que no cumplan con determinadas pautas de manejo conservacionista (siembra directa, rotaciones orientadas a incrementar la disponibilidad de materia orgánica, etcétera) establecidas en la Ley provincial Nº 8138 de Conservación del Suelos.
Ricardo Amavet, subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, manifestó a Infocampo que todavía “falta un tiempo para que el proyecto se apruebe”, pero aclaró que “contamos con muy buena recepción por parte de los legisladores” provinciales.
“Los productores deben entender que gran parte del presupuesto que se recaude se destinará a tareas de conservación de suelos”, indicó Amavet, y agregó que “lo que se pretende es fijar pautas para mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos”.
Además, el funcionario señaló que se está analizando la presentación de un proyecto de ley provincial para establecer que el plazo mínimo por arrendamientos agrícolas sea de cinco años.
En caso de implementarse la medida, los propietarios que alquilan campos en la provincia resultarían perjudicados, dado que los arrendatarios seguramente descontarán el nuevo tributo de los valores pagados por los alquileres.
Este año, en la zona de Victoria –donde se encuentran los ambientes con mayor potencial agrícola de la provincia– se concretaron acuerdos de alquiler anual en un rango de 11 a 14 qq/ha de soja, dependiendo de la aptitud del campo.
La producción de soja en la provincia en 2006/07 fue de 3,31 M/t, según datos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Si se supone que al menos el 40% de la producción proviene de empresas con domicilio legal no registrado en la provincia y que la cosecha 2007/08 se mantendrá en un nivel similar con un precio promedio de venta de 200 u$s/t, entonces la recaudación potencial por el derecho en 2008 –sólo en el caso de soja– sería del orden de 7,9 M/u$s.
