“Primero tenemos que tener en cuenta que la regla establecida por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que detentan jerarquía constitucional, dice que el imputado de un delito debe permanecer en libertad durante el proceso. Cualquier ley en contra de esto es inconstitucional”, dijo el juez de Instrucción Nº 7, Elbio Garzón. Es decir, le guste a quien le guste, todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, en un juicio y con una sentencia firme, y mientras tanto no pueden estar presos. Sin embargo, según explica Garzón, “en los códigos procesales penales de las provincias hay supuestos en los cuales se concede la excarcelación o no. En Entre Ríos se establecieron criterios rectores a seguir. Hay dos causas por las cuales a una persona imputada de un hecho ilícito (sospechada, no condenada) se le puede restringir la libertad: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación”.
En este sentido, el juez da dos ejemplos: uno es la causa Molaro (el homicidio de Alexis Céparo en Cerrito), donde el joven cometió el hecho y se fugó durante varias semanas, y su defensor ni siquiera solicitó la excarcelación. Otro es “el caso diario, como un robo con arma de fuego, se detiene al acusado, una vez que se indaga queda detenido en la Unidad Penal, después que declaró la víctima, hubo rueda de reconocimiento, se produjo toda la prueba toda en la cual podía intervenir él, estaríamos en condiciones en que recupere la libertad”.
El período de producción de estas pruebas puede ser una semana o unos meses, según varios factores, como si faltó algún testigo a declarar, si el acusado pidió ampliar su declaración, entre otros.
Controlados
Cuando se otorga la excarcelación, para disminuir el riesgo de que el acusado atente contra la investigación, “se le imponen muchísimas restricciones”, dijo Garzón, como “no acercarse a la víctima ni a donde vive o trabaja, a 200 o 300 metros, no intimidar a la víctima ni a testigos, ni por sí mismo ni por terceros, no portar armas, no haberse involucrado en hechos ilícitos, concurrir a la sede del Juzgado una vez por semana, como así también que no esté en la vía pública hasta determinada hora. Una de estas reglas que viole, automáticamente se le revoca la excarcelación y va al Penal”.
El fiscal de Paraná Juan Francisco Ramírez Montrull explicó: “Desde el Ministerio Público Fiscal en el caso que se otorgue la excarcelación estamos siendo muy rigurosos y controlando en que cumpla con esas restricciones. Entonces en el caso de que no pueda acercarse a los testigos, por ejemplo, si el testigo viene a Fiscalía porque lo volvió a molestar, le hacemos conocer esta circunstancia al juez y pedimos la detención de la persona y que espere el juicio encarcelado”.
“En la mayoría de los casos una vez cometido el hecho tienen problemas con los testigos, pero también se da que vuelven al barrio, se cruzan y le hacen gestos o amenazas. En esos casos se pide la detención, estamos más firmes en ese punto, porque antes muchas veces se tomaba la metodología de reiterarles las restricciones”, dijo Ramírez Montrul. Además, basta con que el testigo vaya a denunciar la amenaza y no tenga que investigarse si tal episodio ocurrió o no, según contó el fiscal: “Si una persona viene a Fiscalía a denunciar las amenazas, no tenemos ningún elemento para decir que está mintiendo y se procede a la detención. Este hecho también se tiene que probar, pero en principio es un elemento suficiente para revocar la excarcelación”.
¿Intocables?
El defensor de Pobres y Menores de Paraná, Pablo Barbirotto, considera que la situación “en menores es mucho peor que en mayores, porque con un mayor se exige la presunción de inocencia, en cambio con un menor la ley es diferente. Tenemos un decreto ley de la dictadura militar que dice que el juez tiene disposición, que es un término utilizado para las cosas, el chico no es un sujeto de derecho como el adulto, sino un objeto de detención. Con la idea de protección al chico se lo priva de la libertad, y además el juez impone el plazo que él quiera”. Es decir que, a diferencia del tratamiento a los mayores de edad “No existe la prisión preventiva para niños y adolescentes, pero el juez puede internarlo por el tiempo que quiera, y no por el hecho, sino porque es pobre, o porque está desprotegido”.
Respecto a lo que opina mucha gente, de que los menores son “intocables”, Barbiroto opinó: “No puede haber chicos de 13 o 14 años con un arma, es inconcebible, pero se tendrían que tomar otro tipo de medidas. No se puede tratar igual alguien que tiene la personalidad formada que otro que no”. Además, barre con uno de los mitos: “No es la mayoría de los casos en de Entre Ríos, lo desmiento, porque menos del 10% de los delitos en la provincia son cometidos por menores. Y si fuese así ¿por qué hay ocho Juzgados de Instrucción y uno solo de menores?, sería ilógico”, afirmó el defensor.
Por eso, remarcó una contradicción que existe en la Justicia entrerriana: “La provincia va a ingresar a un sistema acusatorio, a un proceso avanzado en reconocimiento de garantías, mucho más rápido, y no lo va a tener para menores de 18 años. El universo de delitos en menores es robo motos, arrebato de celulares, para cambiarlos por droga. Si a un adulto se le permite estar en libertad, al menor con más razón”.
“Los mismos de siempre”
Muchas veces se suele adjudicar la problemática de la inseguridad en determinado barrio a una persona, y desde tal comisaría afirman que el acusado “tiene 20 causas pero sigue en libertad”. Al respecto, el juez Garzón responde: “Los antecedentes que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes penales computables, aquellos que han tenido una condena, de lo contrario no, porque el estado de inocencia dura durante todo el proceso hasta que haya una sentencia firme. Hay que ver en que quedaron todas esa causas, porque si hay un detenido por un hecho delictivo, pero nadie lo reconoció y no hay otra prueba que lo vincule, no hay causa. Para la Policía sí, pero para la Justicia no”.
Ramírez Montrull dijo que la situación va a ser diferente cuando se implemente el nuevo Código Procesal Penal en Paraná: “Van a entrar todas las causas por Fiscalía, no como ahora que están divididas en ocho Juzgados. Hoy pueden entrar más de una denuncia en cada juzgado, y si no hay una imputación formal, momento en que se lo indaga, se comunica a la Mesa de Información Permanente, no se sabe que esa persona tiene una causa en trámite. Con el nuevo Código se va a saber que está sospechada de varios delitos”.
Expectativas con el nuevo Código
El fiscal entiende que la sensación de impunidad que puede sentir una víctima o los vecinos que sufren delitos de una determinada persona, se da por el tiempo que pasa desde que se hace la denuncia hasta el juicio y la condena: “Por ahí son dos o tres años, y la víctima tiene que verlo libre al imputado, y cuando llega la sentencia dejó de tener importancia, aunque lo condenen y vaya preso la comunicación ya perdió significancia. No es lo mismo que decir que el acusado quede en libertad pero en dos meses puede quedar preso. Esa es la diferencia que habrá con el nuevo sistema acusatorio, es otro el mensaje que se da a la ciudadanía”.
Garzón también destacó la celeridad del futuro sistema, porque “se le da una respuesta más rápida a la sociedad, más eficiente y sobre todo dándole intervención a la propia víctima, que siempre fue la gran olvidad en el proceso penal, va a ser más escuchada, va a tener más intervención”.
