La misiva está firmada por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos, Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Paraná, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos, Consejo Empresario de Entre Ríos, Federación Agraria Argentina Filial Entre Ríos, Federación Económica de Entre Ríos, Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos y la Unión Industrial de Entre Ríos
Y afirma: «La suba en la presión tributaria en todos los niveles agrega incertidumbre a un escenario difícil. La carga impositiva argentina es marcadamente superior a la de otros países de la región, lo que se agravó tras la salida del consenso fiscal. Las altas tasas en ingresos brutos que rigen en las provincias y las crecientes tasas en los municipios conducen inexorablemente a la desaparición del mercado formal de muchas empresas.
Si bien compartimos el sentido del proyecto de ley sobre el Impuesto a las Ganancias, fundamentalmente para restar presión a los sueldos de los trabajadores, advertimos de que propone un aumento del peso de este tributo sobre las empresas. Esto evidencia la falta de una mirada genuina del problema, que debería abordarse con una reducción del gasto público.
La inflación es un flagelo desde hace años en el país y exige una solución. Todo plan que busque reducirla debe ser consensuado con el sector privado para ser sostenible. El camino de las medidas discrecionales sobre precios máximos es un riesgo para las empresas y torna dificultosa la viabilidad comercial. Más aún, cuando se toman medidas que elevan la imprevisibilidad de los costos, como la decisión de aumentar las tarifas de energía solo para el sector productivo.
Compartimos la preocupación de entidades y cámaras locales de otras provincias sobre creación reciente del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). Esta medida no solo implica una nueva carga administrativa para las empresas, sino que es una luz de alerta sobre el ejercicio de la libertad comercial y la intervención del Estado en las decisiones de las empresas.
Las situaciones antes descriptas impactan todas en los costos de las empresas, le restan competitividad y se suman a un conjunto de regulaciones vigentes en materia cambiaria y de comercio exterior que dificultan la llegada de inversiones, desalientan las exportaciones y generan obstáculos para la obtención de insumos y equipamientos importados.
Solicitamos a quienes toca gestionar los destinos del país y tienen la obligación de velar por el bienestar general que extremen la prudencia en este tipo de situaciones. Ponderamos la construcción de consensos para allanar el camino del crecimiento y resaltamos que sin previsibilidad y seguridad jurídica no hay inversión privada y, sin ésta, no puede haber desarrollo ni un futuro mejor para nuestra sociedad»
