El organismo comandado por José Sbatella denunció a mediados del año pasado que el empresario y su socio –el gerente del grupo monopólico, Lucio Pagliaro– se habrían enriquecido en perjuicio de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que compraron papeles de su compañía, del Banco Patagonia y de la financiera Consultatio. La operación comandada por la multinacional JP Morgan habría consistido en lanzar al mercado los títulos a 35 pesos, que luego de la compra cayeron a nueve pesos. La Cámara de Apelaciones le había dado la razón a la UIF, pero antes de que lleguara la orden a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los abogados de Clarín presentaron su descargo ante Casación para frenar la resolución. “Esto demuestra la capacidad que tiene este grupo para mantener las cuestiones en el tiempo jugando a que prescriban las causas y que la justicia cambie de opinión”, consideró Sbatella a Tiempo Argentino.
El tribunal de Casación –el paso previo a la Corte Suprema de Justicia– tomó la decisión el 3 de febrero pasado, pero trascendió recién ayer. Ahora, el ejecutivo de Clarín tiene la opción de presentar un recurso de queja ante el máximo tribunal y continuar dilatando la apertura del secreto fiscal de sus millones. Si la UIF logra acceder a la información financiera de los empresarios, podrá avanzar con su investigación por fraude y asociación ilícita.
Todo comenzó con un Reporte de Operación Sospechosa lanzado por el Banco Central. Entonces, la UIF pidió a la justicia el acceso a la información de las cuentas de los empresarios. En la denuncia también están implicados los gerentes de las AFJP y los bancos involucrados. Pero el juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la presentación del organismo encargado de investigar las maniobras presuntamente ilícitas de las compañías. El magistrado consideró válida una auditoría realizada por la empresa Price Waterhouse a pedido de los implicados. La Cámara de Apelaciones corrigió a Martínez de Giorgi, y argumentó que la apertura del secreto fiscal no requiere la comprobación del delito, sino sólo implica la intención de investigar. Sbatella afirmó que “el fallo ratifica la aceptación por parte de la justicia del rol de la UIF”.
Para realizar la presentación que disparó la denuncia, el funcionario y sus colaboradores recolectaron información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, quien ya había denunciado otro fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión.
Según datos del Banco Central, tanto Aranda como Pagliaro incrementaron en más de un 200% su patrimonio entre 2007 y 2008. Si la UIF consigue demostrar que ese enriquecimiento fue gracias la venta de acciones, puede pedir que se les embarguen los bienes.
La Unidad de Información Financiera es el organismo del Estado que tiene a su cargo la investigación sobre las denuncias por “el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude”.
