En principio, desde el MUPE rechazan el proyecto de retenciones móviles debido a que expresa en el art. 2º que “más allá del resultado de la votación, no se discute la vigencia de la medida ya que esta amparada en las atribuciones que tiene el poder ejecutivo (art. 755 del código aduanero)”.
Además, sostienen que la provincia de Entre Ríos aportó al gobierno central, en concepto de retenciones durante 2007, $ 2.000 millones tomando en cuenta las cinco actividades principales: trigo, maíz, girasol, soja y la actividad avícola. Entre Ríos ocupa el cuarto lugar “entre las provincias que más aportan al gobierno central”. Y agregan que “cada entrerriano realiza un aporte personal, promedio, de 629,5 dólares anuales”.
Paralelamente, el comunicado puntualiza que de ese dinero “solo vuelve un pequeño porcentaje en obras que dispone el Gobierno Central, como por ejemplo la autopista mesopotámica, arteria principal del MERCOSUR, motivo fundamental por el cual el poder central ha invertido en la misma”.
Debido a que las retenciones no son coparticipables, proponen “elaborar y presentar un proyecto de ley que disponga que el 20 % de todas las retenciones (renta extraordinaria) a la producción entrerriana, vuelvan como fondos anualmente a la provincia de Entre Ríos”
Además, sostienen que debería conformarse un consejo de la producción integrado por el gobierno y las instituciones para estudiar y ejecutar las políticas a seguir. “Es decir que los entrerrianos decidamos que hacer que nuestros fondos y planificar si se necesitan hospitales o escuelas, centros de salud, caminos o electrificación rural, subsidios a los pequeños productores o tasas subsidiadas”, indica el comunicado.
Más adelante, solicitan crear en el ámbito de la provincia (legislatura provincial) un registro de pequeños productores, “a los cuales se le podrá reintegrar de dicho fondo, parte o el total de las retenciones que les hace el gobierno central”.
Desde el MUPE señalaron que la Presidenta Cristina Kirchner votó, cuando era legisladora, la sanción de la ley Nº 24.145 sobre provincialización de los yacimientos y la privatización de YPF a cambio de que el gobierno nacional le transfiera la cantidad de 654 millones de dólares, hoy dos mil millones de pesos para su provincia (solo como diferencia de regalías). En consecuencia, “tiene bien claro que el federalismo pasa porque cada provincia disponga de lo que le pertenece por derecho propio y decida cada provincia que hacer con sus fondos”.
Asimismo, sostuvieron que “los alimentos que exportamos los entrerrianos, salen del suelo entrerriano, se producen en la provincia, son energía al igual que el petróleo, y en el caso de la soja no renovable, ya que sabemos la consecuencia del cultivo de soja en nuestro suelo y la inutilización del mismo”.
También plantean derogar y recuperar las facultades extraordinarias otorgadas en un contexto de crisis nacional que hoy no se tiene, esas facultades son las que garantizan un federalismo pleno, y empezar a discutir la ley de coparticipación nacional.
Por último dejaron de manifiesto que acuerdan con el proyecto nacional, “pero nunca claudicando en los derechos de nuestra provincia”. Por eso invitan a los legisladores nacionales a analizar las propuestas y sumarse: “a la defensa de nuestra producción, nuestra tierra, y nuestro federalismo y a transitar el mismo camino que vienen recorriendo los legisladores Cristina Cremer de Busti, Maria de los Ángeles Petit y Gustavo Zavallo, Jorge Busti, Carlos Reutemann, etc».
