En Concordia, la actividad del arándano es asociada con una actividad primaria que genera mano de obra en forma intensiva de manera temporal. No obstante, también se ha convertido en sinónimo de explotación laboral. Todos los años trascienden casos de trabajadores de otras provincias a quienes se contrata y se trae con la promesa de remuneraciones y condiciones de trabajo y alojamiento que distan de las que realmente los esperan.
El operativo comenzó luego de una denuncia por presunta reducción a la servidumbre presentada en Tribunales el viernes 24 al mediodía por Guillermo Peñalver, delegado de la Dirección Provincial del Trabajo, Jorge Sequeira, director de la secretaria de Producción municipal, y Fernando Rougier, titular del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia).
En consecuencia, a pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Yves Bastián libró tres órdenes de allanamiento correspondientes a tres inmuebles ubicados en las inmediaciones de avenida Presidenta Illía y Cortada 62. “Se constató la existencia de lo que se estaba denunciando”, indicó Zabaleta.
“Hubo que ratificar algunas direcciones incorrectas que estaban en la denuncia y por eso no se hizo en la misma tarde del viernes y se lo hizo el sábado a la tarde”, indicó Zabaleta. En ese sentido, el fiscal explicó que se hizo en horario vespertino a raíz de que tenían información respecto de que los trabajadores retornaban a las 18 horas desde las quintas donde prestan servicio.
Los allanamientos incluyeron una inspección ocular y un relevamiento fotográfico y planimétrico del lugar y de las condiciones en que estaban viviendo. Al respecto, el fiscal indicó que unas 150 personas vivían en los tres galpones en condiciones muy precarias, durmiendo en camas cuchetas. “Muy amontonados, poca higiene, había hombres y mujeres en el mismo lugar sin poder distinguir lugares según el sexo y las edades porque se constató algunos menores, si bien no trabajando pero si ahí”, dijo.
El delito de reducción a la servidumbre contempla penas de entre 4 y 15 años. Se trata de un delito federal por lo que la justicia ordinaria realiza las actuaciones previas. “Ni bien se denuncia esto enseguida la primera prueba es constatar lo que se denuncia. Si no se hace de forma inmediata se pierde. Lo hacemos, constatamos la existencia como para que se comience o se sigan una serie de instrucciones al respecto para llegar a una condena por este delito. Pero eso corresponde todo a la esfera del Juzgado Federal”, explicó el fiscal.
La denuncia aún no fue enviada a los tribunales de La Histórica. “Lo que tengo son las actuaciones preliminares que se hacen las actas y las identificaciones de las personas. Me está faltando el informe planimétrico y fotográfico de Criminalística que lleva un poco más de tiempo hacerlo porque ellos van y sacan fotos y sacan medidas para hacer un plano del lugar”, dijo.
En Concordia, desde 2009 existe una ordenanza que establece que “toda empresa que tenga por objeto el cultivo de arándanos, citrus o cualquier actividad que requiera de mano de obra intensiva y temporal que pretenda utilizar los servicios de personas no radicadas en la ciudad de Concordia, deberá denunciar ante esta Municipalidad, el lugar donde residirán estos trabajadores".
En el artículo 2º se señala que los hospedajes deberán contar con “la infraestructura adecuada para este fin; habitaciones iluminadas y aireadas, sanitarios y mobiliario en cantidad y calidad acorde con la cantidad de personas a hospedar”. Una norma sancionada para evitar estos casos pero que no se cumple.
