En este marco, los mandatarios Jorge Busti y Pedro Guastavino solicitaron al juez federal Guillermo Quadrini, que cite a declarar a los directivos de las pasteras y pondrán en conocimiento de esta nueva situación a la ombudsman del Banco Mundial.
En el encuentro de esta malana con los periodistas, el primer mandatario puso de relieve que “estas empresas nunca aparecieron en tribunales internacionales, ni tampoco en la vía diplomática, siempre lo hizo Estado uruguayo, razón por la cual adquiere una gran importancia el hecho de que Ence se haya presentado en la causa penal iniciada en el Juzgado de Concepción del Uruguay”.
Fue Fernando Rivero, presidente de Ence, en nombre de M´ Bopicuá y Ence SA, quien se presentó pidiendo una excepción y el sobreseimiento en la causa iniciada. En este marco, el gobernador explicó que “con esta acción, una de estas empresas está reconociendo la jurisdicción penal de la República Argentina y la competencia del juez federal de Concepción del Uruguay”.
En su presentación, Ence afirma que no hay delito ni que tampoco hay acto preparatorio de contaminación. El gobernador y el vicegobernador le contestaron en un escrito presentado esta mañana, con el patrocinio del especialista en derecho internacional, Juan Carlos Vega, que contiene el último trabajo del doctor José Ignacio Cafferata Nores, especialista en derecho procesal penal y derechos humanos, en el que analiza la denuncia presentada por el Estado entrerriano.
“En el escrito – según refirió el gobernador – se señala que el juez podría haber rechazado la denuncia, podría haber dicho que no era su competencia o derivado a otro juez, pero no lo hizo”. Además, en el documento que le elevaron al juez lo urgen a que cite a declarar a los directivos de Botnia y Ence, en virtud de que “el estado de sospecha al que nosotros aludíamos cuando presentamos la denuncia, se ha transformado en un estado de probabilidad”, precisó Busti.
En este sentido, se puso de relieve que en el derecho penal argentino no hay sobreseimiento de la causa, sino de un imputado. Es decir, que “ellos pueden pedir el sobreseimiento una vez que declaren la indagatoria, pero no de la causa”, resaltó el mandatario.
Dado lo relevante de la situación, el gobernador anunció que “el escrito será puesto en conocimiento hoy de la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor”, al tiempo que adelantó que Vega, en nombre de la provincia de Entre Ríos, viajará a Estados Unidos a llevar esta nueva información.
“No es un dato menor que los empresarios puedan ser citados a declarar en indagatoria por el delito de contaminación en grado de tentativa”, puntualizó el mandatario, no sin antes referir que Ence pide la exención porque dicen que se van a trasladar, pero con ello están reconociendo que si seguían en Fray Bentos iban a contaminar”.
Precisiones de Vega
Por su parte, Juan Carlos Vega, quien patrocina al gobernador y al vicegobernador, hizo notar que la causa hasta este hecho “había sido visualizada como un conflicto entre países hermanos, pero los verdaderos actores en este conflicto nunca aparecían, sino a través de los medios de prensa”.
Ahora, con la presentación de Ence y M’Bopicuá a la Justicia argentina, “por primera vez en uno de los cuatro escenarios jurídicos donde transita el conflicto –sea la Corte de La Haya, Washington, el Banco Mundial o la Justicia Federal argentina- han aparecido; por primera vez una de las empresas aparece en el conflicto y dice: ‘acepto la jurisdicción penal argentina”, remarcó.
Para Vega, “más allá de lo jurídico, esto tiene mucha importancia porque Botnia y las otras empresas que quieran instalarse en el Uruguay difícilmente puedan desprenderse de esta afirmación jurídica que hacen Ence y M’Bopicua. Esto significa que la Justicia Federal argentina es competente para juzgar los hechos de contaminación que eventualmente pudiésemos probar que se producen”, enfatizó.
Volvió a reiterar la importancia de este hecho, ya que “el dilema de si era la Justicia uruguaya o la internacional o la argentina” la que debía actuar, “era algo de difícil solución que ahora está zanjado”.
En cuanto a otro de los puntos que quedan al descubierto con la presentación de Ence ante la Justicia argentina, Vega advirtió que los directivos de la empresa española “piden ser sobreseídos de la causa en base a un argumento que es absolutamente frágil, liviano y hasta penoso, que es el de decir que deben ser sobreseídos porque ellos han interrumpido voluntariamente las obras. Eso, en términos jurídicos implica un desistimiento” y tiene que ver con que “para que haya en el Derecho Penal la posibilidad de sobreseer un delito en grado de tentativa, el desistimiento tiene que ser voluntario, sino no funciona”.
Sin embargo, señaló, en el escrito entregado hoy al juez “nosotros preguntamos si es posible hablar de desistimiento voluntario con una Asamblea Ambiental de Gualeguaychú que viene trabajando desde hace un año y medio para instalar el tema en el país y en el mundo; con una demanda por contaminación donde toda la prueba está recogida; con tres informes de la Universidad Nacional de Córdoba que hablan de que la contaminación en grado de tentativa, técnicamente certificada; con una jurisdicción abierta en la Corte Internacional de Justicia. En una palabra, no hay desistimiento voluntario, sino que fue forzada por las circunstancias la retirada de Ence, y por eso también le decimos al juez que no los sobresea, que los impute, y después si corresponde que los sobresea”, apuntó el letrado.
Posibles consecuencias
Por otra parte, Vega consideró que a partir de esto, si bien las autoridades de la empresa Botnia hasta el momento no han aparecido en la causa, “imagino que sus abogados van a tener problemas para desprenderse del argumento de sus socios, que son los de Ence”.
Interpretó, por otro lado, que esta situación “tendrá incidencia en las decisiones que tome el Banco Mundial, más allá de lo que en este momento esté haciendo el Gobierno nacional, porque imagino que si aparece una fecha de indagatoria de directivos de empresas que han pedido financiación, ese organismo internacional lo va a pensar”.
Aclaró que el Banco Mundial no ha dicho que las papeleras no contaminan, sino que es una consultora la que le ha expresado a esa entidad que estarían zanjadas todas las observaciones del ombudsman. “Esto no implica un dictamen sobre no contaminación transfronteriza o sobre no impacto ambiental. Creo que si uno agrega un hecho judicial de tamaña magnitud como este, es un argumento de peso como para decirle a los señores del Banco Mundial que paren hasta que esto se aclare”, manifestó Vega.
Asimismo, en respuesta a una consulta, el patrocinante subrayó que en la causa de las pasteras “para nosotros el lobby es el derecho, es la legalidad; esta es la instrucción jurídica que hemos recibido del gobernador y el vicegobernador. Hemos apelado a la máxima legalidad y rigor académico, a tal punto que a la mitad de la presentación de Ence la hemos respondido con una doctrina de un hombre capaz en derecho procesal penal, como es Cafferata Nores”.
Agregó que se está pidiendo al juez que se cite a los empresarios a prestar declaración indagatoria por el delito en grado de tentativa y acotó que en el expediente constan los directivos de las empresas denunciados con nombre, apellido y domicilio. “Nosotros queremos que les pinten los dedos. Que los citen a declarar por el delito en grado de tentativa”, graficó el letrado.
Por último, sentenció: “Estamos en manos de los jueces argentinos y confiamos en que sean imparciales y técnicamente solventes”.
