Oyarzábal dijo que el proyecto en Uruguay depende, efectivamente, «de una resolución de política global» y habló de la importancia que para ellos tendrá el crédito que le otorgue la Corporación Financiera Internacional (CFI), y de que «se llegue a una solución del conflicto entre Uruguay y la Argentina».
El Consejero de la empresa expresó ayer por la radio Sarandí que tienen un lugar elegido y todos los papeles en regla para iniciar el emprendimiento, “sin embargo nos encontramos con la oposición de un país vecino que cree que tiene un derecho a opinar, en virtud del tratado del río Uruguay, y ellos creen que no se los ha escuchado o tenido en cuenta suficientemente».
Y agregó: «Estoy convencido que con el gobierno argentino, sometido a lo que ellos piden, llegaremos a una solución. Pero también por parte de Uruguay hay que colaborar en encontrar esa solución. Por parte nuestra no va a faltar el esfuerzo para encontrarla. Difícilmente van a encontrar una empresa dispuesta a hacer más esfuerzos, más concesiones, y dispuesta a cumplir con la reglamentaciones medioambientales más estrictas».
Los representantes de la empresa en Uruguay se llamaron a silencio. Sólo la agencia española EFE citó algunos conceptos de un portavoz de la compañía, quien afirmó que «las inversiones en Uruguay se mantienen, y que sus técnicos están analizando la ubicación y los tiempos», refiriéndose al proyecto de la planta de celulosa, para la que ya han hecho un muy importante movimiento de tierra a poco kilómetros de la ciudad de Fray Bentos. Sin embargo, otros nuevos rumores hablan ahora de la posibilidad de que ENCE traslade la planta a Paysandú —aproximadamente a unos 100 kilómetros al norte—, departamento en el cual también tiene plantaciones.
Hoy, se reunirán el presidente de la compañía, Juan Luis Arregui; el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y el ministro de Industria, Jorge Lepra.
