El tribunal de la Cámara de Casación Penal estará integrado por las juezas Marcela Dávite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Patricia Yedro y los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
Las defensas las ejercerán los abogados Raúl Barrandeguy, Ignacio Díaz, José Velázquez, Juan Méndez, Miguel Cullen, Emilio Fouces y Marcos Rodríguez Allende.
Además de Urribarri, la lista de imputados incluye a Pedro Báez, Juan Pablo Aguilera, Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi, Corina Cargnel, Gustavo Tamay, Gerardo Caruso y Germán Buffa.
En abril de 2022, la Justicia condenó al ex gobernador Sergio Urribarri, a 8 años por delitos contra la administración pública provincial. El entonces embajador argentino en Israel además quedó con una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos. El tribunal estaba integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzónen. La condena estuvo basada en decisiones de la gestión de Urribarri en el período comprendido entre 2010 y 2015.
Además, fueron condenados los ex ministros de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, entre otros imputados.
La semana pasada, Urribarri publicó un video en sus redes sociales para dar a conocer que había recusado a la jueza Bruzzo, integrante de la Cámara de Casación Penal que debe revisar el fallo que lo condenó a ocho años de prisión por delitos contra la administración pública. Según dijo, la magistrada carece de imparcialidad porque es esposa de Juan Enrique Ruiz Orrico, el “ladero de Rogelio Frigerio en Concepción del Uruguay”.
Pero en duros términos hacia los abogados defensores, la Cámara de Casación Penal rechazó el fin de semana pasado la petición al señalar que el pedido de recusación de algún modo responde a una estrategia “de perturbar el curso del proceso y también de discriminar sobre la base de un prejuicio sexista”.
La Cámara de Casación Penal advirtió que la causal que pretenden oponer resulta contraria a la legislación civil, la Constitución y los tratados internacionales vigentes de los que sobradamente ha dado cuenta la propia magistrada en su informe.
“De acuerdo a esta normativa, no se puede admitir que se ponga en tela de juicio la imparcialidad de una magistrada y se desconfíe de su neutralidad por las acciones y manifestaciones de su esposo”, resaltó la Cámara de Casación Penal.
