El 18 de abril de 2013 se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que contemplaba la colocación de lectores de barras en el hipermercado o supermercados que reúnan una cierta cantidad de metros cuadrados cubiertos. “A veces se cae el papelito donde está el precio, el cliente tiene que tener rápidamente la posibilidad de ir a una lectora y obtener el valor del producto”, indicó ese día a DIARIOJUNIO el entonces vicepresidente del Concejo, Mariano Giampaolo. A ello habría que añadir que muchas veces no hay carteles en las góndolas que identifiquen los precios.
La exigencia es que los comercios posean, al menos, un lector que le permita al cliente caminar hasta el dispositivo para saber con antelación a llegar a la caja cuánto vale. “Y no llegar y encontrarse con alguna sorpresa y terminar pagando cualquier precio”, explicaba Giampaolo. En abril de ese año restaba discutir en el cuerpo es la cantidad de metros cuadrados cubiertos necesarios y los niveles de facturación que obligarían a la utilización del sistema. En mayo de 2014, la situación era la misma. Por un lado, no se había avanzado en la determinación de la cantidad de metros cuadrados adecuados para exigir la colocación de los lectores. “No sabemos si tienen que ser 30, 40 o 100 m² la superficie promedio que exijamos” dijo un edil que sigue de cerca el tema. El costo de cada máquina, en ese momento, rondaba los 8.000 o 9.000 pesos. En el Concejo desconocían la razón de la tardanza aunque ya estaban habituados a las demoras que afectan a ciertos temas.
El tema no era menor en momentos en que la Nación extrema los controles para que se cumpla con el programa “Precios Cuidados” en todo el país. En Entre Ríos, el gobernador de esa época Sergio Urribarri, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de este año, hacía referencia al tema. Mencionaba la necesidad de abogar por el “total y efectivo por el mantenimiento de los precios en la provincia”. “Estoy convencido que se trata de una acción esencial para que las corporaciones de formadores de precios no vuelvan a tomar el control de nuestras vidas a través de tomar el control del bolsillo de los trabajadores y de las familias entrerrianas”, señalaba en esa oportunidad.
Todo sigue igual
Siete años más tarde, la situación es prácticamente la misma. El proyecto nunca se transformó en una ordenanza y, por lo tanto, no es exigible. Por ende, solo hay lectores en las empresas que los colocaron por cuenta propia como los dos locales de la cadena Carrefour. En tanto, en los locales de los supermercados de una cadena local hay scanners pero en más de una oportunidad no funcionan. En los supermercados de la cadena Día % o en el Super Vea directamente no hay. Tampoco en los supermercados chinos.
Consultada una fuente de Defensa del Consumidor a nivel local, indicaba que desconocía el proyecto y creía que no había obligación de colocar las máquinas (ya que no hay ninguna ordenanza sancionada) pero sí de establecer claramente los precios en góndolas. Para ello existe la ley de góndolas. La fuente remarcó la necesidad de que los consumidores asistan a Defensa en caso de verse burlados en su buena fe al encontrarse con precios que no correspondan al abonado en caja o productos sin ninguna rotulación.
La fuente de Defensa remarcaba la vigencia de la ley de góndolas que, desde mayo de 2021, establece que los supermercados tienen la obligación de señalizar en las góndolas el producto más barato para cada categoría. Esta medida ya había comenzado a implementarse en los últimos días de acuerdo con lo establecido en el marco de la Ley de Góndolas. Ese mes entró en vigencia lo reglamentado por la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Resolución 485, en la que se estableció la obligatoriedad de señalizar con una cartelería destacada el producto de menor precio por unidad de medida. En la resolución 485 se reglamentó el inciso C) del artículo 7 de la Ley de Góndolas, que exige que los productos más baratos por unidad en cada góndola deben estar a altura equidistante entre el primer y el último estante, y determina que el valor no puede ser de «carácter transitorio».
DIARIOJUNIO traslado la consulta al bloque del oficialismo, uno de cuyos ediles se manifestó interesado en la iniciativa de los scanners. El concejal remarcó que en Rosario la oficina mencionada depende del Concejo Deliberante, no del Ejecutivo. Esa modificación fue planteada en Concordia por la concejal Cristina Guitar pero hasta ahora no prosperó. De hecho, el edil consultado mira de reojo la tarea que se lleva a cabo desde Defensa del Consumidor desde hace tiempo. Hay que recordar que en mayo del año pasado, desde el Concejo habían pedido a través de una resolución a Defensa del Consumidor que efectivice los controles del programa Precios Cuidados. Y en diciembre volvieron a reiterar al Ejecutivo que, a través de otra resolución, Defensa del Consumidor lleve adelante los operativos de control y fiscalización de precios.
