La secretaria de AGMER en Chajarí Rosita de la Vega volvió a denunciar lo “distorsiva” de la propuesta salarial del gobierno de la provincia, pero, mas que nada, hizo particular hincapié en lo tarde del inicio del Plan Verano en las escuelas del departamento (ocho incuídas) manifestando que “esto es de hace mucho tiempo y creo que la respuesta no es hacer una acto publico como hicieron la semana pasada entregando subsidios, sino hacerlo en tiempo y forma”.
“Empezó tarde. Los dineros ya estaban presupuestados en diciembre de 2007”, dijo De la Vega. “Pero resulta que los dineros son entregados recién ahora y las escuelas están con albañiles y con los materiales en los patios”, remarcó.
“Seguimos insistiendo en que este salario es ilegal, que no es piso sino que es techo, que distorsiona el escalafón”, expresó, además, la dirigente acerca de la recientemente aceptada propuesta salarial. “Los aumentos no vienen para un gran sector y para otros sectores sin respetar lo que fija el estatuto.”, destacó.
Al mismo tiempo, reclamó por “la falta de material didáctico en algunas escuelas. El Estado no provee a las escuelas de las planillas necesarias para toda la parte administrativa, y después hay que terminar cobrándole a los alumnos”, exclamó.
Sin clases en Escuela Güemes.
En tanto, padres de alumnos de la Escuela Nº 34 Martín Miguel de Güemes decidieron, tras reunirse en asamblea esta mañana en la institución, que no comience el dictado de clases en el lugar hasta, por lo menos, 15 días.
Así, no comenzarán el ciclo lectivo unos 500 alumnos pertenecientes a la primaria de la Escuela Nº 34. Los padres tomaron la decisión de que no se dicten clases en la misma, habida cuenta de lo que calificaron como “calamitoso estado de las aulas”. Las aulas que presentan dificultades tienen problemas con el cielorraso, el revoque o se inundan, entre otras falencias. Son las tres aulas que semanas atrás desataron una polémica entre el concejal justicialista Juan Caprotti y la radical Susana Dalmolin. El primero aseguraba que los salones en cuestión estaban “en condiciones” para que allí se dicten las clases, mientras que la segunda reclamaba a través de un proyecto de resolución que se le brinde una ayuda inmediata a la escuela.
