El juez Garzón fundó su resolución tras considerar como suficiente al primero de los agravios formulados por la defensa. El abogado Juan Carlos Palacios, a través del sistema de videoconferencia, señaló que el juez Mayer se extralimitó en sus funciones en el marco del sistema acusatorio vigente en la provincia y se apartó del acuerdo que el defensor presentó el 12 de febrero pasado junto a la fiscal Patricia Yedro y el fiscal Gonzalo Badano.
El abogado de los imputados Linares y Fessia también planteó otros dos agravios que fueron compartidos por los representantes del Ministerio Público Fiscal: que el juez de primera instancia basó su resolución en una tesis restrictiva de la suspensión del juicio a prueba y que desconoció otros casos en los que se concedió ese beneficio a imputados por delitos contra la administración pública pero que no se desempeñaban en organismos estatales.
Tras considerar que se cumplían los requisitos objetivos y subjetivos que prevé el artículo 76 del Código Penal, el juez Garzón homologó las normas de conducta para Linares y Fessia durante los plazos previstos en el acuerdo de partes.
Imposibilitados de efectuar tareas comunitarias dado el distanciamiento social vigente producto de la pandemia de Covid-19, Fessia propuso un resarcimiento al Estado provincial de 120.000 pesos en 12 cuotas y Linares otro de 150.000 pesos en 10 cuotas. Además los imputados ofrecieron pagar una donación de 60.000 pesos a una organización que disponga la Oficina de Medios Alternativos (OMA).
