A través de la Resolución 366/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación y la Resolución Nº 13 del Ente Provincial Regulador de la Energía ( EPRE) se dispone un nuevo incremento de la energía eléctrica. Precisamente, las modificaciones se concretarán sobre el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), el Precio Estabilizado del Transporte (PET) y el Valor Agregado de Distribución (VAD) determinando los nuevos valores de la tarifa, que regirá a partir del 1º febrero y hasta el 30 de abril de 2019. Se estima que el impacto en los establecimientos industriales alcanzará en promedio entre el 21 y el 27%.
En este sentido, tal como lo establece la normativa, los sectores productivos deberán asumir una nueva carga por la suba de la energía eléctrica. Sin dudas, la disposición representará un duro golpe para las industrias que vienen padeciendo las graves consecuencias de un mercado claramente recesivo. Más aún, será letal para las pequeñas y medianas empresas que conforman la mayor parte del espectro industrial en la provincia.
Ante esta situación, la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) pone de manifiesto su preocupación por los efectos nocivos de la medida. Además, tal como se ha manifestado en otras oportunidades, la suba de las tarifas arrastra cargas impositivas nacionales, provinciales y municipales, que redundan en un mayor impacto sobre el costo impositivo que compone el cuadro tarifario.
Se trata de otro golpe directo a todo el sector industrial, que ya viene asumiendo importantes incrementos de la energía, en medio de un escenario general crítico que vive nuestro país. Es oportuno subrayar que no todas las empresas estarán en condiciones de soportar esta nueva suba, lo cual profundizará aún más la recesión. Peor aún, pone en jaque muchos puestos de trabajo como vemos actualmente donde se registran suspensiones, recortes en los niveles de empleo y despidos.
Resulta primordial que el Estado nacional, las provincias y municipios en su conjunto tomen las medidas necesarias que les competen. Además es clave mitigar y/o eliminar los impuestos y tasas distorsivas (componentes no energéticos) que integran la factura de energía, lo que posibilitará morigerar el impacto negativo que tiene esta política en el sector industrial.
