El edil radical mencionó que franquear el acceso a la información publica iba a beneficiar no solo a los ciudadanos de a pie sino también a los periodistas. “Eso es bueno para la prensa porque viven de informar lo que sucede”, dijo. Respecto de los vecinos, dijo que no hay ninguna obligación desde los funcionarios de responder cualquier requisitoria. Y aclaró que también se establecía la gratuidad. Hay que tener en cuenta que por cualquier trámite que ingresa por mesa de entradas se debe pagar una tasa. “Si bien hay una ley nacional, no hay una norma municipal que lo regule, que establezca un plazo para contestar”, dijo.
La iniciativa, presentada en 2016, establece en el artículo 3ro de la ordenanza que deben dar información cualquier órgano perteneciente a la administración pública centralizada y descentralizada de la Municipalidad de Concordia, las entidades autárquicas, las empresas y sociedades municipales, las entidades mixtas y todas aquellas organizaciones empresariales, el Tribunal de Cuentas, el Concejo Deliberante, las empresas privadas y entidades públicas prestatarias de servicios públicos, las organizaciones privadas y asociaciones o fundaciones a las que se hayan entregado aportes municipales.
Además, mencionó que, si bien los concejales podrían hacer uso también del proyecto, explicó que para ello existen los pedidos de informes. De igual modo, resaltó que muchos pedidos no fueron contestados tampoco por el Ejecutivo.
Publicidad oficial
En tanto, mencionó que la iniciativa de regulación de la publicidad oficial, presentada en 2018, establece, entre otros temas, la imposibilidad de colocar la leyenda “gestión fulano” o “gestión mengano”. Benítez expresó que el impedimento se debe a que el dinero que sustenta las mismas sale de la recaudación que se obtiene de los contribuyentes. “Y los contribuyentes no son de ninguna gestión”, recalcó.
De la misma forma, dijo que la ordenanza establecía también que una publicidad no solo sea un logo, una imagen de un político o un slogan, sobretodo cuando aparecen en épocas de campaña previo a elecciones, sino que formen parte de una campaña de prensa y que apunten a lograr objetivos palpables con fines educativos, informativos y de orientación social.
El proyecto establece la obligación de informar públicamente a quien se le está dando pauta oficial. Consignando montos y contratos firmados deben publicarse en el boletín oficial y en la página web. También procura la realización de un registro público de medios y no se puede hacer publicidad de la gestión o de un funcionario en especial.
En el primer artículo del proyecto, mencionaba la creación del Régimen Municipal de Regulación de la Publicidad Oficial que tendrá por objeto ordenar y reglamentar el procedimiento de la asignación presupuestaria prevista para la publicidad oficial. “El mismo dependerá de la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección Municipal de Prensa”.
“Hay muchas ordenanzas que no han estado en la agenda del oficialismo que es el que establece la agenda en el Concejo. Se trata lo que la mayoría decide”, dijo por último el edil.
