Romero dijo que, antes de la sanción de la ley, se hablaba mucho de un obstáculo: las interferencias de fiscales y jueces ordinarios con la tarea de sus pares federales que tienen jurisdicción en la provincia. “Les mentiría si les dijera que hubo un solo problema. No hubo ningún problema”, remarcó Romero a LT 15.
De hecho, sostuvo que el diálogo es bueno entre la policía entrerriana y las fuerzas de seguridad federales al igual que entre jueces y fiscales ordinarios y federales. Y aclaró que, antes de cualquier procedimiento, indagan si los lugares y las personas no son objeto de investigación por arte de las autoridades federales a la búsqueda de quienes le suministran la droga. “Siempre los jueces federales están enterados y nos avisan si están detrás del gran vendedor. En esos casos, no procedemos”, dijo.
Por ende, envió un mensaje a los vecinos que se quejan porque hicieron una denuncia, pero no se lleva a cabo ningún allanamiento. “Si no se ha hecho, es porque estamos detrás del proveedor más grande”, explicó. E incluso, dijo que, desde que la justicia entrerriana se dedica a los ‘kioscos’, los juzgados federales se pueden abocar de lleno a avanzar contra los grandes proveedores.
Además, producto de los más de 300 allanamientos, se secuestraron más de $ 2.000.000 en efectivo, 620 unidades de psicotrópicos (LSD), 31 armas de fuego, más de 800 teléfonos celulares y 63 autos. Algunos de esos vehículos fueron entregados a dependencias estatales. La ley establece que la mitad de los mismos se deben destinar a la policía y la otra mitad a los ministerios de Desarrollo Social, de Salud y al Copnaf.
Por otra parte, mencionó que en otras provincias sucede algo parecido. En Córdoba se aplicar una ley similar desde hace varios años e, incluso, se creó una policía especial para combatir el narcomenudeo. En Salta, provincia de Buenos Aires y Formosa, sucede lo mismo.
Como contrapartida, las cárceles quedaron chicas y ya no hay lugar disponible debido a las más de 400 personas detenidas por narcomenudeo. Como ejemplo, es como si se hubiera completado una cárcel nueva equivalente a la de Concordia, donde actualmente se alojan 300 internos en condiciones de hacinamiento. Pero no hay cárceles nuevas y los detenidos deben distribuirse en lugares donde ya no hay espacio.
“No queremos que colapse el sistema carcelario”, dijo la ministra, aunque admitió que es un problema que padece el país. Para ello, hoy en día, en la cárcel de Paraná, se está abriendo una nueva dependencia para 80 internos. Y en agosto se abrirá otro espacio similar en la cárcel de Concordia. Lo mismo sucederá más adelante en la penitenciaria de Federal.
